En el marco del proceso de revisión y reordenamiento del Estado, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de otros dos fondos fiduciarios: el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC). La medida fue oficializada a través del Decreto N.º 312/2025, en uso de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el artículo 5 de la Ley Bases N.º 27.742.

Con estas nuevas disoluciones, ya son 24 los fondos eliminados por el Ejecutivo tras auditorías que revelaron fallas estructurales en su funcionamiento, opacidad en la administración y resultados deficientes.

En este caso, el FONDOTEC, creado para promover la innovación científica y tecnológica, apenas ejecutó el 0,1% de los más de $28.000 millones que recibió entre 2022 y 2023, sin establecer criterios claros de asignación ni mecanismos adecuados de control. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también identificó deficiencias contables y ausencia de reglamentos operativos.

Por su parte, el FISU, que se financió con aportes del Impuesto PAÍS y el Aporte Solidario por la pandemia, mostró graves irregularidades: contrataciones directas a cooperativas sin antecedentes, compra de terrenos contaminados y proyectos con escasa o nula supervisión.

El fondo terminó siendo “una palanca de gestión de varios líderes piqueteros, en particular de Juan Grabois”, señaló el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también afirmó que “todo el aura que tuvieron los nombres, no la tuvieron en la gestión”.

En su análisis, Sturzenegger sostuvo que “la solución a la problemática de los barrios populares no es dinero público y corrupción, sino darle un verdadero derecho de propiedad a sus habitantes”. A su vez, criticó la Ley 27.453 por negar esa posibilidad: “El kirchnerismo prefiere tenerte de rehén del dinero público que darte la libertad para construir tu futuro”.

A pesar del cierre de estos fondos, el Gobierno garantizó que los responsables de su gestión deberán rendir cuentas por las operaciones pendientes. Asimismo, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana contará con recursos presupuestarios específicos para continuar las obras en ejecución, bajo estándares más exigentes de control y transparencia.

Con estas acciones, el Ejecutivo reafirma su compromiso con una administración pública más austera, eficiente y orientada al bienestar de los ciudadanos, en línea con la ley de emergencia administrativa y económica.