El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 328/2025, que redefine de forma integral los requisitos sanitarios y comerciales para la producción, empaque, transporte y exportación de hortalizas frescas en Argentina. La medida busca impulsar la competitividad del sector hortícola nacional, reducir trabas burocráticas y adecuar el sistema a los estándares internacionales.

Entre los principales cambios, se elimina la obligación de habilitación previa para las plantas de empaque, reemplazada ahora por una simple declaración jurada. También se abrogan regulaciones que imponían disposiciones de calidad y normas específicas de envasado para exportar, que en muchos casos carecían de sentido práctico.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ilustró el impacto de estos cambios con el caso de un productor mendocino de ajo que se vio impedido de exportar cabezas pequeñas, a pesar de que su destino era la elaboración de puré en Corea. “El Estado gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo. Un funcionario determinaba qué se debía producir”, señaló Sturzenegger. “Con esta resolución, se barre con esa lógica absurda.”

El nuevo marco establece que las hortalizas para el mercado interno podrán clasificarse según el Código Alimentario Argentino. Para exportaciones, deberán cumplirse los requisitos fitosanitarios del país de destino, incluyendo identidad, embalaje y calidad, y tramitar el certificado fitosanitario correspondiente. Además, se exige a los productores estar inscriptos en el RENSPA y respetar los tiempos de carencia de productos fitosanitarios.

También se reglamenta el transporte y etiquetado de las hortalizas para garantizar su inocuidad y trazabilidad, y se faculta al SENASA a realizar inspecciones post-empaque y tomar medidas ante eventuales riesgos fitosanitarios. La Coordinación General de Frutas, Hortalizas y Aromáticas será responsable de fiscalizar el cumplimiento, y los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley 27.233.

Con esta decisión, el Gobierno da otro paso hacia una gestión más ágil, eficiente y orientada al mercado, alineada con los lineamientos del presidente Javier Milei para liberar la producción nacional de trabas regulatorias innecesarias.