El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata es un fondo fiduciario integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata, explotación de personas y lavado de activos. Con esos recursos, se repara de forma directa a las víctimas de trata y explotación laboral y sexual.

Durante los primeros 15 meses desde su habilitación, en diciembre de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reparó económicamente a 45 víctimas de trata de personas en el marco de 3 sentencias judiciales.

La primera reparación se registró el 26 de julio de 2022, en noviembre del mismo año se reparó a 11 personas víctimas, tras el decomiso del dinero que manejaba la organización criminal imputada, mientras que entre enero y marzo de 2023 se efectuó el pago a 33 víctimas de trata laboral, en una causa tramitada ante el Tribunal Federal n° 1 de San Juan.

La puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia (Ley 26.842), dotó al Estado argentino de un instrumento único en la región, que permite garantizar los derechos integrales de las víctimas, y contribuye a la transparencia del proceso de decomiso, ya que las ventas de los bienes recuperados del crimen organizado son públicas y se realizan a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

“Desde que asumí como Ministro, entendí que había una deuda que tenía el Estado Nacional desde el año 2012, cuando apareció por primera vez mencionado el famoso Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata en nuestra ley, y que el gobierno anterior recién reglamentó el 9 de diciembre de 2019. Hoy podemos decir con orgullo que Argentina cuenta desde 2021 con una herramienta de vanguardia y en pleno funcionamiento dedicada a la reparación directa de las personas víctimas de los delitos más aberrantes a los que se enfrenta nuestra sociedad, como lo es la trata y la explotación laboral o sexual de personas” explicó el ministro Soria.

Funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa de Víctimas de Trata

Fue creado en octubre de 2021 y se puso en marcha en diciembre de dicho año a través de la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Durante los primeros meses se desarrolló una tarea de articulación con los distintos Juzgados Federales, para promover y dar a conocer la nueva política pública, y se trabajó de forma conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Dirección de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, permitiendo concretar las mandas judiciales que presentaban una alta complejidad en cuanto al acceso efectivo a la reparación por parte de las víctimas.

Asimismo, se conformó una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio Justicia, a cargo de Pablo Barbuto, que se ocupa de dar operatividad a las reparaciones ordenadas en el marco de los procesos penales.

El circuito establecido por Ley que deben seguir los bienes decomisados para ejecutar la reparación económica a las víctimas es el siguiente:

● Una vez que la causa cuenta con una sentencia firme o ante la decisión judicial de decomisar los bienes sin ésta, se ordena el decomiso de los mismos.

● Asimismo, durante el proceso judicial, se deberá individualizar a las víctimas que obtendrán la reparación, así como el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas.

● El fondo recibe de forma directa los bienes en el caso de que estos sean líquidos (dinero en efectivo, notas de crédito, etc.) y en los casos en que se trate de bienes muebles o inmuebles se lleva a cabo una subasta por parte de la AABE, en procesos públicos y transparentes. Una vez finalizada la subasta, el dinero resultante es transferido al Fondo Fiduciario, administrado por el BICE, que a su vez será el encargado de instruir las medidas necesarias para evitar su depreciación.

● Ante cada requerimiento presentado en sede judicial por parte de las víctimas o sus representantes legales, en aquellas casos en que en la causa se hayan decomisado bienes, y se encuentren disponibles los fondos, la UE del Ministerio de Justicia ordena al BICE, siempre mediando orden judicial previa, que realice los desembolsos correspondientes a las reparaciones, en beneficio de cada una de las víctimas previamente individualizadas.

● En aquellos casos en que tras la reparación, exista un remanente en el Fondo Fiduciario de los bienes decomisados, esto se comunicará al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, quién conforme a la norma se encarga de administrarlo, e instruirá a la UE a tal efecto.