El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hizo públicos los resultados de las Auditorías de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica de 2017. Estas Auditorías están enmarcadas en el Decreto Nº 277/2020, que dispuso la intervención del ENRE y que encomendó realizar una revisión técnica, jurídica y económica que evaluará los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética.

La publicación de los resultados se da en el marco de las Audiencias Públicas que tratarán los Regímenes de Transición Tarifaría de las empresas de transporte de energía eléctrica, a nivel nacional, y de distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las cuales fueron convocadas a través de las Resoluciones ENRE N° 53/2021, 54/2021, 55/2021, 56/2021 y 57/2021 del 3 de marzo pasado. En este sentido, el Ente Regulador está comprometido a poner a disposición del público toda la información y documentación relevantes para el objeto de las mismas.

Las Auditorías dan cuenta de que las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) implementadas durante el gobierno de la Alianza Cambiemos no se realizaron teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fueron prudentes o razonables en su diseño y aplicación, vulnerando así el marco regulatorio del sector y los derechos de las personas usuarias, circunstancia que quedó de manifiesto a partir del 1 de mayo de 2019, fecha en que su aplicación quedó suspendida de hecho.

El resultado de las Auditorías expone claramente que la política energética de la gestión de Cambiemos se caracterizó por la reducción de subsidios y el aumento de los ingresos de las empresas, lo cual arrojó la imposición de una mayor carga para las personas usuarias. Todo esto se realizó bajo el lema de la “transparencia” y del “sinceramiento” de los precios de la economía, siendo en cambio la única directriz de aquel gobierno aplicar una recomposición de los ingresos de las empresas, dejando de lado otros aspectos claves de la regulación de los servicios públicos.

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad trabajamos con el objetivo de velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas y entidades usuarias del servicio.