El CAJ de Orán apoya y asesora a la comunidad Cheru Tumpa, en Salta

Luego de un violento desalojo, el equipo del CAJ de Orán brindó acompañamiento y contención, mientras continúa trabajando en la defensa y el fortalecimiento de los derechos junto a la comunidad.


Yamila Belizán es dirigente de la comunidad guaraní Cheru Tumpa y fue detenida el 24 de julio durante un desalojo violento llevado a cabo por la policía provincial de Salta.

Al tomar conocimiento del hecho, el equipo del CAJ de Orán se contactó con la familia de Yamila y con la comunidad Cheru Tumpa, ubicada en Colonia Santa Rosa, departamento de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Allí se constató el accionar violento y el ejercicio desproporcionado de la fuerza por parte de la policía provincial.

El equipo profesional del CAJ de Orán cuenta con una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, quienes desde un primer momento se ocuparon de brindar asesoramiento y contención psicológica a la familia de Yamila, además de garantizar que ella pueda contar con elementos de higiene y abrigo durante su detención. A su vez, el CAJ trabajó codo a codo con el defensor oficial y el abogado particular de la dirigente para lograr su liberación.

Yamila Belizán es una dirigente de 34 años que junto a su comunidad viene luchando por el derecho al territorio, al mantenimiento y fortalecimiento de su cultura y a participar efectivamente en las decisiones que afectan a la comunidad, a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, a los tratados, los convenios específicos y las leyes que amparan a los pueblos originarios.

La comunidad de Cheru Tumpa se encuentra en territorio ancestral amparado en la legislación y convenios que definen la propiedad comunitaria indígena. El Centro de Acceso a Justicia de Orán trabaja fuertemente en el cese de las arbitrariedades e injusticias a las que fueron y son sometidas las comunidades indígenas. Por este motivo, el CAJ se puso a disposición de los órganos judiciales para facilitar la comprensión más real y justa de la situación en los territorios.

Con la puesta en libertad de Yamila, el CAJ se concentra ahora en continuar trabajando, en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el fortalecimiento de los derechos de la comunidad.