Doble indemnización y emergencia ocupacional por 180 días

Mediante un Decreto el Gobierno declaró la emergencia pública ocupacional y estableció que los trabajadores o trabajadoras despedidos sin justa causa durante este período percibirán el doble de la indemnización que les corresponde según la legislación vigente. La medida no alcanzará a los contratos celebrados después de su publicación.


El Gobierno declaró la emergencia pública ocupacional por 180 días y estableció que los trabajadores o trabajadoras despedidos sin justa causa durante este período percibirán el doble de la indemnización que les corresponde según la legislación vigente. Lo hizo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia rubricado por el Presidente Alberto Fernández y su Gabinete de Ministros.
La duplicación comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción sin causa del contrato de trabajo y no abarcará a los contratos que se celebren después de la promulgación de la norma.
En los considerandos se expresa que el Poder Ejecutivo convocará a una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia, a través de la cual se puedan alcanzar acuerdos básicos de corto plazo para detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina, que estará basada en principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras y del Estado.
Se señala que en ese contexto se debe atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y evitar que crezca la desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, para establecer pautas para incrementar la demanda y poner en marcha del aparato productivo.
Se destaca asimismo que el desempleo creció hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto más un año atrás, y que en el caso de los jóvenes supera el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres, entre otros preocupantes números; que en 2016 el Congreso sancionó una ley que prohibía los despidos sin causa, que fue vetado por el Presidente anterior, y que desde esa fecha se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado privados.
La norma se establece para atender de manera inmediata y por un plazo razonable la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los acuerdos básicos indicados.