El derecho a trabajar representa un derecho fundamental reconocido por la Constitución Nacional, que encuentra su fundamento en los principios de dignidad y autonomía de cada persona. Pero el ámbito del trabajo es también un espacio donde se evidencian y ponen de manifiesto estereotipos y prejuicios que devienen en prácticas sociales discriminatorias y pueden constituir un obstáculo para el acceso, permanencia, mejora y retiro del mundo laboral.

Este tipo de situaciones, que afectan al colectivo de trabajadores y trabajadoras golondrina, da cuenta tanto de una desconsideración general como de una desvalorización particular de su rol, en el marco de las tareas que realizan. El trabajo estacional es el que actualmente permite el funcionamiento mínimo de la economía en nuestro país y, sobre todo, abastece de insumos de alimentación esenciales para toda la población. Por lo tanto se considera una actividad fundamental. Su funcionamiento de manera efectiva y acorde a derecho forma parte de una necesidad de toda la sociedad.

Sin embargo, los/as trabajadores/as migrantes suelen tener severas dificultades a la hora de acceder al derecho al trabajo sin discriminación. En el marco de la pandemia actual, estas dificultades se ven reforzadas por las barreras asociadas a prácticas discriminatorias y estigmatizantes de las que son objeto, en cuanto se trata de personas que no pueden cumplir con el aislamiento social, razón por la cual son vistas con mayor riesgo de adquirir y transmitir del virus.

Los medios de comunicación informan cotidianamente sobre distintas situaciones discriminatorias hacia trabajadores/as, cuando se trata de casos confirmados de COVID-19, o el abandono de trabajadores y trabajadoras golondrina en terminales provinciales, al ver obstaculizados o demorados sus traslados a su ciudad de origen. Resulta sumamente alarmante que parte de la discriminación sea, además, ejercida por gobiernos provinciales, responsables de la garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitan, circulan y/o se encuentran en sus territorios de gestión.

El INADI, desde las distintas acciones que desarrolla, brega por la igualdad de derechos y oportunidades de los colectivos históricamente vulnerados, con la certeza de que es el camino para lograr disminuir los índices de discriminación que los excluye y margina. En este sentido, el trabajo digno –registrado o formal– constituye una verdadera puerta de acceso a derechos sin discriminación. Particularmente, en el caso de los/as trabajadores/as migrantes se presenta como prioritario que los derechos de acceso a la salud y al trabajo sin discriminación sean garantizados por parte de todos los actores que intervienen en la cadena productiva.

La protección y garantía del acceso a los derechos a la salud y al trabajo de los/as trabajadores/as migrantes debe constituir una política puesta en marcha desde distintas instituciones, con el objetivo de procurar la inclusión de este colectivo.