“Cuando me diagnosticaron tenía el mismo trabajo que tengo actualmente y no tuve inconvenientes laborales, pero me da miedo pensar en intentar cambiar de trabajo por el tema de los pre-ocupacionales”.

La frase, dicha por un varón adulto, refleja una realidad: 1 de cada 5 personas fueron obligadas a realizarse el examen de VIH para el ingreso a un empleo. Algo que, a partir de la nueva Ley de VIH, Hepatitis virales y otras ITS, pasará a estar prohibido.

El dato surge del estudio Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH 2.0 (IED 2.0) realizado en Argentina por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), realizado con el objetivo de conocer el grado y las formas de estigma y discriminación que enfrentan las personas con VIH en los diversos ámbitos de la sociedad (social, comunitario, educacional, de salud, trabajo y legal). El informe completo puede descargarse al final de este comunicado.

Este año fue sancionada y reglamentada la Ley 27675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis que, en su artículo Nº8 prohíbe la realización de la prueba diagnóstica de VIH en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Esta norma con fuerte impronta en antidiscriminación, busca evitar la vulneración de derechos, ya que el mundo laboral constituye el ámbito de mayor discriminación que padece el colectivo de personas viviendo con VIH. Esto se evidencia tanto en el proceso de búsqueda y selección, transcurso y finalización o desvinculación del trabajo.

En este sentido el estigma -que consiste en actitudes y creencias negativas sobre las personas con el VIH- y la discriminación asociados al VIH pueden describirse como un «proceso de desvalorización» hacia estas personas.

Concretamente, la prueba diagnóstica se presenta como el principal obstáculo para acceder a un empleo. Un 17% de las personas encuestadas en el Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH 2.0 (IED 2.0) atravesó una situación de pérdida de empleo vinculada con su diagnóstico. Las personas más afectadas fueron aquellas con necesidades básicas insatisfechas (25% de los casos), las de más de 40 años (24%) y quienes no habían completado el secundario (21%).

El objetivo de la prohibición de esta prueba es terminar con la exclusión en el ámbito laboral, promoviendo el acceso al empleo sin discriminación.

La nueva ley propone un abordaje integral desde la salud colectiva, con un enfoque de género y de derechos humanos, y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

Conocé más sobre la nueva Ley.

El informe completo de RAJAP.

Si te discriminan, comunicate con el INADI.