Detectan trabajo no registrado en ladrilleras de San Andrés de Giles

El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, realizó inspecciones en hornos de ladrillos en la localidad bonaerense de Cucullú, partido de San Andrés de Giles, en el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo (PNRT).


El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, realizó inspecciones en hornos de ladrillos en la localidad bonaerense de Cucullú, partido de San Andrés de Giles, en el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo (PNRT).

Durante esta acción inspectiva se recorrieron 12 hornos de cocción ladrillera, donde fueron relevados 52 trabajadores, 28 de los cuales se encontraban sin registrar; lo que equivale al 53,8 por ciento. Participaron 21 fiscalizadores la cartera laboral en conjunto con el sindicato de ladrilleros y la Policía Federal Argentina, Departamental Mercedes.

“Es una de las actividades más escondidas y a las que más cuesta llegar y encontrar a los trabajadores que generalmente viven o laboran en condiciones infrahumanas. Por eso mantenemos nuestra vista en ella en todo el territorio nacional”, advirtió la secretaria de Trabajo, Noemí Rial.

Cabe destacar que el sector ladrillero es permanentemente fiscalizado por el Ministerio de Trabajo a raíz de sus altos índices de incumplimiento de las leyes laborales.

Desde el lanzamiento del PNRT, el Ministerio de Trabajo de la Nación fiscalizó 1.300.000 establecimientos y se relevaron a alrededor de 4.000.0000 de trabajadores.

El PNRT busca combatir el trabajo no registrado; verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social; alcanzar una mayor eficiencia en la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y de la seguridad social; lograr la incorporación al sistema de la seguridad social de los trabajadores excluidos; lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización.

El Ministerio pasó de tener sólo 20 inspectores en 2003 a más de 400 en la actualidad.

Las empresas infractoras podrán recibir sanciones de 6.000 a 25.000 pesos por cada trabajador no registrado.