La contratación dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos integra un plan para monitorear, en todo el país, el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en procesos judiciales de violencia contra la mujer.

La cartera conducida por Germán Garavano adjudicó la contratación de 1.925 dispositivos electrónicos, que serán utilizados para casos de violencia de género, y poder monitorear en todo el país el cumplimiento de las medidas cautelares.

Los mecanismos de protección adquiridos se entregarán a las provincias que lo soliciten, previa firma de los respectivos convenios que habiliten su implementación jurisdiccional.

La acción, encarada a nivel federal, forma parte del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya experiencia piloto realizada por el Gobierno nacional obtuvo exitosos resultados.

En la primera fase fueron otorgados 144 dispositivos, que tuvieron como destino las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Chubut, Neuquén, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Ahora se espera aumentar la dotación de esos dispositivos en las mismas jurisdicciones y al mismo tiempo sumar nuevas provincias a la iniciativa.

“El uso de estos mecanismos de protección representa un cambio de modelo para la atención de esta problemática. Entre otros beneficios, permite que la víctima pueda retomar sus actividades cotidianas fuera y dentro de su residencia, sin quedar desprotegida por el Estado”, señaló María Fernanda Rodríguez, la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la cartera nacional.

En el próximo encuentro del próximo Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) se entregarán los primeros 300 dispositivos de la nueva tanda, y se espera firmar acuerdos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y otras, a fin de que se incorporen al plan.

Las tobilleras son las herramientas de última tecnología usadas en el control, monitoreo y aseguramiento de medidas cautelares dispuestas en el marco de procesos judiciales de violencia contra la mujer. Su uso está previsto para casos de alto riesgo.

Rodríguez explicó asimismo que “los dispositivos duales se colocan tanto en víctimas como en agresores, y a través de un mecanismo de geolocalización activan una alarma en caso de que se detecte la proximidad de la otra persona que trae la tobillera consigo. Se trata de un apoyo a las medidas cautelares que supera tecnológicamente al botón anti pánico”.

En paralelo a la par de la entrega de los aparatos electrónicos, el Ministerio de Justicia impulsa la adopción de un fuero unificado para causas judiciales de violencia de género intrafamiliar y sexual, que evite la fragmentación entre los aspectos civiles y penales del caso, pero a su vez incluya las respectivas leyes procesales y dote de mejores herramientas al operador judicial (fiscal, defensor y juez).

La iniciativa, denominada Ley Modelo para la Creación del Equipo Judicial Especializado en Violencia Intrafamiliar y Sexual, está en línea con la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485).

Entre otros aspectos, propone la creación de un equipo judicial interdisciplinario que acompañe a la víctima desde el inicio de la denuncia y durante todo el proceso judicial, a partir del apoyo jurídico, psicológico y social de profesionales especializados.

Este equipo funcionaría dentro del Modelo de Atención Integral (MAI) que coordina la actuación de todos los profesionales que tienen contacto con la víctima. Además de avanzar en la investigación judicial, el modelo proporcionaría asistencia integral especializada de manera gratuita y oportuna y en otro orden se procura que las provincias lo incorporen en sus respectivas jurisdicciones.