A 10 meses del relanzamiento del Plan Integral de Fiscalización, la Agencia que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, lleva incautadas más de 2 millones de municiones, armas, chalecos antibala y explosivos, entre otros materiales regulados por la ANMaC en cumplimiento de la Ley 27.192, en operativos territoriales realizados a lo largo de todas las provincias del país.

La puesta en marcha de la política de control y fiscalización de usuarios comerciales de materiales controlados (armerías, fabricantes, importadores) complementa la recuperación de la política de inhabilitación y destrucción de armas de fuego y municiones que permitió a la Argentina, en 2 años, destruir 40.000 armas de fuego y llevar acabo la destrucción más grande de la historia de municiones - 7 toneladas de municiones.

En septiembre de 2021 la ANMaC volvió a desplegar operativos territoriales para detectar irregularidades en los establecimientos que comercializan materiales controlados (armas de fuego, chalecos antibala, municiones, vainas, fulminantes, detonadores, mechas, explosivos, entre otros). Gracias al trabajo desplegado desde la Agencia, con apoyo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, en el transcurso del 2022 las fiscalizaciones se consolidaron, alcanzado durante el primer semestre de este año las 1.318 inspecciones en 19 provincias de la República Argentina y el secuestro de 1.147.338 materiales en infracción.

Dichos operativos, realizados en el marco del Plan Integral de Fiscalización, tienen una relevancia central para garantizar la seguridad ciudadana, ya que controla el cabal cumplimiento de la normativa vigente y procura la correcta aplicación de las medidas de seguridad que rigen los procedimientos de fabricación, comercialización, resguardo y utilización de materiales controlados.

El ministro Soria destacó “la recuperación de esta política pública, que en tan solo 10 meses lleva incautados dos millones de materiales que se encontraban en armerías y fábricas en infracción, es fundamental para evitar que armas, municiones y explosivos caigan en el mercado negro y pasen a manos de bandas criminales y delincuentes. Esta política, que durante el gobierno de Macri fue abandonada y ahora está nuevamente operativa en todas las provincias del país, es clave para rastrear los canales por los que se nutre el mercado ilegal de armamento”.

La directora Ejecutiva Loizou, manifestó “La Agencia se encuentra en pleno funcionamiento después de que el gobierno macrista había relegado los controles sobre el mercado de armas y demás materiales, y facilitó la flexibilización de la registración de las y los usuarios y de las transferencias tanto dentro del territorio, como en el exterior. Por eso, con el ministro Soria hemos determinado como prioridad recuperar la fuerza de la Ley de creación de la ANMaC, poner en pleno funcionamiento sus competencias y alcances, y volver a su operatividad territorial de fiscalización, tanto para controlar la proliferación de armas y materiales en los mercados ilegales, así también a regularizar el estado registral de los y las usuarias legitimas de todas las categorías.”

Asimismo, el trabajo desarrollado por la ANMaC en cumplimiento de las Leyes N° 27.192, 20.429 y 25.938 y sus reglamentarias y complementarias, garantiza la trazabilidad registral de los distintos materiales, hecho fundamental para poder reconstruir el circuito que los distintos armamentos y explosivos atravesaron antes de ser comercializados en el mercado.

Por otra parte, la importancia de llevar adelante esta política puede verse a la hora de analizar los resultados alcanzados durante 2021, ya que, desde que se implementó el Plan de Fiscalización en septiembre pasado, la ANMaC incautó - durante el último trimestre del año – 796.414 materiales controlados, presentes en 257 establecimientos comerciales distribuidos en 13 provincias, representando el equivalente al 40% del total de materiales incautados en todo 2021. Dichas acciones conllevan la sanciones correspondientes a los/las usuarios/as y frente a su incumplimiento, la ANMaC efectúa su decomiso y posterior destrucción, previa intervención del sistema judicial.