El operativo fue supervisado por la Dirección Nacional de Investigaciones, dependiente de la Secretaría de Seguridad. Asimismo, contó con la colaboración de funcionarios pertenecientes al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas – dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – y a la Dirección Nacional de Migraciones.

Luego de amplias tareas investigativas llevadas a cabo por el personal de la PNA, se determinó la existencia de distintos departamentos que funcionaban como “privados” en donde mujeres ejercían la prostitución.

Fue así como en una de las viviendas los uniformados del Departamento de Investigaciones de Trata de Personas de la PNA hallaron a una joven de nacionalidad peruana que había sido engañada mediante una promesa laboral y estaba siendo obligada a ejercer la prostitución contra su voluntad. La misma fue rescatada y se acogió al Programa antes mencionado.

En dicho departamento se encontraba un hombre que en primera instancia manifestó ser un ocasional cliente, aunque después se pudo constatar que era el responsable del engaño y de la administración de los prostíbulos: fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4.

Cabe destacar que tras las entrevistas de rigor, otras 11 víctimas que ejercían la prostitución en los “privados” fueron liberadas.