Presidencia de la Nación

Derechos Humanos: las 24 jurisdicciones del país repudiaron el intento de magnicidio sufrido por la Vicepresidenta de la Nación

Fue en el marco de la 36° sesión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos celebrada los días 21 y 22 de septiembre en la exESMA, de la que participaron representantes de las distintas provincias.


Las máximas autoridades en Derechos Humanos de todo el país firmaron una declaración conjunta en la que repudian el atentado contra la figura de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “el cual significó una peligrosa escalada en la incitación a la violencia que amenaza la vida democrática y sus instituciones”, según manifiesta el escrito.

El documento también menciona el compromiso irrevocable con el pacto democrático establecido en el año 1983, que concibe a los derechos políticos como derechos fundamentales, y sostiene que para promover su ejercicio se requiere el más alto estándar de actuación del Estado, así como de otros agentes fundamentales para la democracia, como son los partidos políticos y las organizaciones del pueblo.

En ese sentido, también “repudian los dispositivos políticos, judiciales y mediáticos, conocidos corno "lawfare", contra dirigentes políticos/as y referentes de derechos humanos, que socavan las instituciones democráticas y que evidencian la intención sistemática de revertir el acceso a los derechos civiles y políticos, y también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos por la Constitución Nacional”.

La sesión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos se propone como un ámbito de encuentro entre las altas autoridades de Derechos Humanos de todo el país. La agenda de trabajo de esta edición estuvo destinada a fortalecer la articulación federal en materia de promoción y protección de derechos, destacando la importancia de los indicadores de derechos humanos como insumos para el diseño de políticas públicas. Además, se generó un espacio de intercambio para que los representantes provinciales pudieran compartir experiencias de gestión y buenas prácticas en cada uno de sus territorios.

La declaración fue firmada por los referentes máximos en materia de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

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