En un encuentro celebrado en la Defensoría General de la Nación, se llevó adelante la firma del Acuerdo de Solución Amistosa por medio del cual el Estado argentino reconoce su responsabilidad frente a la denuncia presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) por el caso de Olga del Rosario Díaz.

El acuerdo implica también el compromiso con la instrumentación de medidas de reparación pecuniaria y de asistencia a la víctima, que había sufrido un intento de femicidio por parte de su ex pareja, y que en su denuncia manifestó que no se habían adoptado medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir los hechos denunciados.

A partir de la notificación de la denuncia, el Estado argentino elevó su respuesta al Comité proponiendo la apertura de un espacio de diálogo, lo que permitió arribar a esta instancia, en la que se acordó la implementación de medidas para evitar la repetición de estos casos.

Entre ellas, se destaca la elaboración de principios generales de actuación para la implementación de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, así como también la confección de un protocolo de articulación institucional para la atención coordinada de casos de violencia de género.

Del encuentro participaron el secretario Claudio Avruj, como representante del Estado argentino ante la CEDAW, y representantes de los siguientes organismos que intervinieron en las distintas instancias que culminaron con la firma del Acuerdo: Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos y Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación; Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas del Instituto Nacional de las Mujeres; Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Consejo de la Magistratura; Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.