En enero de 2015 se inició en la SRT un expediente para licitar un software de gestión integral de higiene, seguridad laboral y vigilancia de la salud de los trabajadores con el propósito de reducir la siniestralidad y realizar promoción de la salud.

En marzo de ese año se evaluaron las propuestas de las empresas ofertantes y se le asignó a Sabentis S.A. la suma de 10 millones de pesos por el primer tramo de la licitación, descripta como “herramienta de gestión de prevención”. También se le concedió a esa firma un millón de pesos por el segundo tramo: la asistencia técnica. El tercer y último tramo fue para Acsys SA por 1.600.000 pesos, correspondiente a la provisión de servidores.

La adjudicación se produjo en abril de 2015. En dos pagos (mayo y septiembre de 2015) se completaron los 10 millones para Sabentis por la adquisición del software. Dado que la firma reclamó en reiteradas ocasiones el pago del segundo tramo (el mantenimiento del software), el subgerente de Sistemas de la SRT realizó un informe en enero de 2016 en el que notificó que no correspondería abonar la suma facturada por la firma Sabentis Internacional S.A. en tanto y en cuanto jamás podría abonarse el mantenimiento por un producto que no se encontraba en uso. Indicó que “el software no se puede considerar en marcha debido a que no está en uso por ningún usuario”.

En abril de 2016 recibimos un informe de la Gerencia de Control de Fraude de la SRT en el que se explica que en las bases de la licitación se incluyen funcionalidades del software que no se necesitaban, lo que hace suponer que se partió de un software que ya se conocía y no de necesidades reales de la SRT. Además, el informe detalla que el nuevo software no tiene en cuenta los datos ya generados por la SRT, por lo tanto se obliga a una duplicación de datos con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos. La denuncia señala que “incluso desde un punto meramente estético las especificaciones del Pliego resultan llamativamente similares a las que utiliza la firma Sabentis para promocionar su producto”.

A modo de conclusión, el informe técnico de la actual gestión de la SRT destacó que cuando la Gerencia “asigna un valor de once millones de pesos para la configuración de software no menciona fuente alguna para convalidar esa cifra. De los relevamientos realizados en Chile y Colombia surge que las implementaciones de software parametrizables realizados en esos países de la índole similar al que nos ocupa estuvieron en el rango de los cinco a seis millones de pesos”.

Para la OA, el delito se encuentra enmarcado en una defraudación contra la administración pública, que es reprimido con prisión de dos a seis años. “Se encuentra suficientemente acreditado que la SRT ha abonado las sumas comprometidas por el software en cuestión, el cual conforme lo informado por el técnico especialista designado para analizar la contratación por la actual cabeza del Organismo, habría sido abonado un precio 100% superior al de un producto similar a nivel mundial ya que rondaría en la suma de $5.000.000 (pesos cinco millones) y que, asimismo, se han adquirido funcionalidades que no resultan de aplicación”, señala el escrito de la Oficina.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3.