Presidencia de la Nación

Denunciamos fraude al Estado en el programa "Capital Semilla"

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció un fraude al Estado en un programa de $360.418.608 del ex Ministerio de Industria de la Nación entre los años 2010 y 2015. El hecho habría ocurrido en el marco de “Capital Semilla”, un plan que fue previsto para favorecer la generación de pequeñas y medianas empresas de capital nacional a través de las leyes 25.300 “Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y 25.872 “Apoyo al Empresariado Joven”. Este programa estableció un sistema de “préstamos de honor” que procuraba asignaciones de dinero para que jóvenes empresarios de 18 a 35 años puedan plasmar una idea en un proyecto y ejecutar un plan de negocios e inversión. La devolución de estos fondos estaba sujeta al éxito del proyecto: si el negocio funcionaba, el beneficiario debía devolver el préstamo. Si sucedía lo contrario, la falta de devolución del préstamo no engendraba para el beneficiario responsabilidad alguna. Sin embargo, no se llevó a cabo la rendición de cuentas para determinar si el Estado debía cobrar los fondos que había prestado, lo que significó una pérdida millonaria de fondos para las arcas públicas.


Los “préstamos de honor” del programa “Capital Semilla” variaban en su monto según tres categorías de $15.000, $30.000 y $60.000. Durante la primera etapa del programa -desde el inicio en el año 2010 hasta el año 2012- estuvo a cargo de la ejecución la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y se implementó a través de un sistema que combinaba la participación del órgano estatal con la de universidades de reconocida trayectoria. Estas universidades eran las encargadas de evaluar los proyectos en su aspecto técnico para la posterior aprobación del préstamo y el control del cumplimiento. Las transferencias de fondos eran realizada a las universidades, que eran las encargadas de entregar los préstamos a los beneficiarios adjudicados. Posteriormente, en el año 2012, la administración del programa fue asumida por la ex Unidad de Seguimiento y Control de los Proyectos Beneficiarios, en funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Industria, a cargo de la Lic. Débora Giorgi. A partir de esta segunda etapa, los préstamos fueron otorgados directamente por el ex Ministerio de Industria.

La Cláusula Séptima del Convenio Marco aprobado por Resolución 26/2013 establecía que “el adjudicatario asume el compromiso de realizar sus mayores esfuerzos para generar, a través de la ejecución del emprendimiento financiado, los recursos necesarios que le permitan reintegrar el Préstamo de Honor”. A la vez, el mismo convenio establecía que el adjudicatario se comprometía a rendir cuentas del negocio, lo cual era la única manera que poseía el Estado nacional para controlar que los beneficiarios utilizaran los préstamos para los destinos correctos y evaluar si el préstamo había o no generado ganancias al empresario, para luego determinar la posibilidad del Estado nacional de requerir la devolución del capital.

En sus seis ediciones (años 2010 a 2015) el programa “Capital Semilla” otorgó préstamos a particulares por la suma total de $360.418.608. En los años 2010 y 2011 fueron otorgados préstamos por $80.000.000 y no se constató ninguna rendición formal por parte de los beneficiarios. En 2012 y 2013 tampoco se pudo acreditar la presentación de rendiciones ni de reclamos por parte del Estado, pese a que fueron otorgados $124.472.151,45 en préstamos. En 2014 el 70,09% de los beneficiarios no dio cumplimiento a la rendición de los fondos percibidos. Finalmente, en 2015, fueron entregados fondos por $90.242.712 y no se registró ningún expediente de rendición de cuentas. “Puede afirmarse que el Estado Nacional, a través del programa ‘Capital Semilla’, sencillamente ‘regalaba’ dinero sin control alguno”, sostiene la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción.

Ante el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte de los particulares beneficiarios, y al no exigir el Estado el cumplimiento de tal obligación, el dinero perdido asciende a montos millonarios. “Dicho incumplimiento -que clama por ser reparado- fue el movimiento necesario para lograr la maniobra general de fraude por la que se desvió de sus fines propios una cifra superior a los 360 millones de pesos, constituyendo el delito de defraudación por administración infiel de fondos públicos”, concluye la OA.


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