Mediante el decreto 330/2019, el Gobierno Nacional creó el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El decreto hace referencia a la necesidad de implementar efectivamente las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución intergubernamental conformada por 36 países y dos organizaciones regionales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

Estas recomendaciones priorizan la necesidad de que las jurisdicciones, a través de las denominadas Evaluaciones Nacionales de Riesgo, identifiquen, evalúen y entiendan sus propios riesgos, a fin de asegurar que se mitiguen efectivamente.

La Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000 y ejerció su presidencia entre julio de 2017 y junio de 2018 a través del secretario de Justicia, Santiago Otamendi.

El Comité estará integrado por el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y el representante argentino ante el GAFI; y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Agencia Federal de Inteligencia, del Banco Central, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Comisión de Valores, y de los ministerios de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores y Culto. Serán en total 13 miembros.

Se invitó también a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación a que designen funcionarios y serán convocados aquellos representantes del sector privado con competencias en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La principal función que tendrá el Comité será la elaboración de evaluaciones de riesgo y para ello deberá identificar, recabar y analizar la información propia y de los sujetos y áreas bajo su supervisión, y de otros sectores relevantes, que pueda resultar necesaria para la formulación del diagnóstico de riesgos encomendado.

También tendrá la tarea de proponer al Gobierno una Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.