Mediante el decreto 795/2019, el Gobierno Nacional elevó al rango de Agencia al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que desde hoy será un ente autárquico dotado de autonomía funcional y continuará en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

A fin de efectivizar la coordinación interinstitucional, se crea el Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que será encabezado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, acompañado por el procurador general de la Nación o un representante de la Procuración General, y el secretario de Seguridad de la Nación o un representante del Ministerio de Seguridad. El Consejo se reunirá mensualmente y remitirá una propuesta de designación de director nacional de la Agencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien la elevará al Poder Ejecutivo Nacional.

A fin de garantizar la prestación de las funciones a su cargo, el director nacional y el personal que actualmente se desempeña en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados continuarán a cargo de sus responsabilidades hasta tanto se efectivicen las designaciones definitivas de la Agencia.

El decreto señala que transcurridos 15 años de la vigencia de la Lay N°25.764 que creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y el impacto que ha tenido en estos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente.