El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el procurador general interino, Eduardo Casal, firmaron convenios de cooperación para articular acciones tendientes a favorecer la reinserción social de las personas condenadas por la comisión de un delito y para avanzar en la implementación del sistema acusatorio.

El primer convenio impulsa programas sobre educación, trabajo, salud, cultura, derechos humanos, asistencia social y espiritual que contribuyan a la integración social de las personas condenadas, como así también de aquellas sometidas a medidas alternativas a la pena.

En el segundo acuerdo, el Ministerio se compromete a brindar asesoramiento, asistencia, capacitaciones, recursos informáticos, equipamiento e infraestructura edilicia para implementar el nuevo Código Procesal Penal.

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal propone pasar de un sistema adversarial al acusatorio, en el que los fiscales asumen un rol preponderante al conducir las investigaciones.

Asimismo, plantea un sistema de administración de justicia que, mediante la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas, permita lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos.

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