Convenio con la Universidad de Lanús para realizar estudios sobre violencia laboral

El Ministerio firmó el martes 14 un convenio con la Universidad Nacional de Lanús que tiene como objetivo la mutua colaboración para desarrollar acciones vinculadas a la violencia laboral e investigaciones vinculadas a la problemática, analizar la prevalencia de la violencia en diversas poblaciones laborales, identificar los factores que la promueven y las modalidades de intervención ante estas situaciones y proponer acciones de prevención y monitoreo organizacional y sindical.


El Ministerio firmó ayer un Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional de Lanús que tiene como objetivo la mutua colaboración para desarrollar acciones vinculadas a la violencia laboral, investigaciones vinculadas a la problemática, analizar la prevalencia de la violencia en diversas poblaciones laborales, identificar los factores organizacionales que promueven su generación, identificar las diversas modalidades de intervención de las organizaciones ante las situaciones de violencia laboral y/o acoso en el lugar de trabajo y proponer acciones de prevención y monitoreo organizacional y sindical.

Las partes también se comprometieron a brindarse mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y técnica, a proponer y desarrollar acciones positivas de capacitación con relación a organizaciones sindicales de trabajadores para la difusión de los derechos de los trabajadores y a producir materiales de sensibilización, concientización y difusión de la problemática, entre otros objetivos.

En enero de 2007 el Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución N° 5, creó la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL),

en el ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO) y haciendo propias las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la promoción del trabajo decente. Desde entonces, las denuncias por maltrato laboral, también conocido como “mobbing”, vienen en aumento, en particular en el sector privado.

La resolución define a la violencia laboral como “toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”. En su espíritu, la norma considera violencia laboral aquellas conductas que manifiestan “abuso de poder para doblegar la voluntad del otro, mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica y política”.

La violencia que adquiere la forma de acoso psicológico busca someter al trabajador en su ámbito o en la organización en la que está trabajando, y a causa de ese maltrato la víctima termina pidiendo un traslado o licencia hasta que finalmente renuncia, padeciendo en ocasiones males físicos como consecuencia del agravio recibido. En el acoso sexual lo que se busca son los favores sexuales y, al no obtenerlos, se originan las conductas de maltrato. En este caso las víctimas son casi siempre las mujeres, aunque también los varones lo sufren.

Los estudios de todo el mundo coinciden en afirmar que el sector servicios es el más damnificado por los fenómenos de violencia y acoso laboral. Los trabajadores de la educación y la salud; de la administración pública; del comercio; de hoteles y restaurantes y de transporte son los más afectados en

todas las modalidades de violencia laboral: violencia física, acoso e intimidación y acoso sexual. Esta tendencia coincide con los datos que viene recolectando la OAVL: los sectores laborales que más consultan son los de servicios, específicamente los de servicios a empresas (27%); salud (19%); comercio (13%) y hoteles y restaurantes (10%). En el conjunto de los casos predomina por amplia mayoría la violencia psicológica, tanto para varones como para mujeres.

Desde diversos ámbitos y organismos de orden mundial se viene alertando con mayor preocupación acerca del incremento de estos fenómenos y los efectos que produce en la salud de las personas y en las organizaciones. En los últimos años se produjeron importantes avances en la consolidación de estrategias orientadas a la prevención y disminución de estas situaciones en nuestro país.

Al año de la creación de la OAVL, el Ministerio de Trabajo dio a conocer el informe “Violencia laboral: una amenaza a los derechos humanos”, del cual surge que casi el 90 por ciento de los casos denunciados provienen del sector privado. El 75 por ciento de los denunciantes se encontraba bajo tratamiento médico y/o psicológico y/o psiquiátrico, lo que revela el preocupante dato respecto a que las denuncias se formulan cuando ya la víctima se encuentra en un alto grado de riesgo para su salud física o psíquica.

Desde el año 2007 hasta hoy, la OAVL recibió casi 1.200 consultas referidas a violencia física, sexual y psicológica en el empleo; el 80 por ciento luego se transformó en denuncia. La mayor parte de éstas en el sector privado se dan en la industria textil, en hotelería y en el comercio minorista.

En el país ya existen algunos hospitales públicos que están comenzando a atender consultas psicológicas por maltrato laboral, pero en el ámbito de las obras sociales la atención por esta causa es inexistente. La OAVL recibe a las víctimas de maltrato laboral y realiza una primera entrevista de carácter absolutamente confidencial, en la cual se las contiene y deriva para su atención médica, psicológica y/o psiquiátrica y también (si se realizó una denuncia formal) se inicia un trámite que incluye la citación al empleador, a quien se lo pone en conocimiento sobre su deber de garantizar un ambiente saludable en el trabajo. Además de la denuncia, para citar al empleador debe obtenerse una autorización escrita del trabajador. Es así como se ha arribado a la firma de acuerdos de respeto mutuo por ambas partes, evitando la judicialización del caso, la pérdida del empleo o un mayor deterioro de la salud del trabajador.