El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó hoy a prisión perpetua a cinco oficiales del Ejército que ocuparon altos cargos en la estructura de Inteligencia entre 1979 y 1980 por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la Contraofensiva, de los que 70 permanecen desaparecidos.
Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio.

En la sentencia no se incluyó al sexto acusado, Jorge Apa, ya que el Tribunal decidió la suspensión del proceso por 10 días para evaluar su estado de salud a partir de una presentación de último momento de su defensor.
Los jueces Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese y Matías Mancini ordenaron revocar las prisiones domiciliarias y que las penas sean cumplidas en cárcel común, como habían solicitado la querella unificada de la Secretaría de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares.

Un juicio histórico

El juicio comenzó en 2019 e investigó por primera vez a toda la estructura de Inteligencia del Ejército, desde la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército y el Batallón 601, hasta los responsables en Campo de Mayo, donde estuvieron la mayoría de las personas secuestradas.
Inicialmente había 9 imputados, pero fallecieron 3 durante el transcurso del debate: los ex oficiales de Inteligencia del Destacamento 201 de Campo de Mayo Carlos Blas Casuccio, Raúl Guillermo Pascual Muñoz y Alberto Daniel Sotomayor.
En los casi dos años de audiencias se escucharon más de 200 testimonios de sobrevivientes y familiares que pusieron en relieve la vida y militancia de quienes participaron de la Contraofensiva, así como el derecho a la resistencia a la dictadura.

El aparato de Inteligencia, el motor de la represión

Entre 1979 y 1980, militantes de Montoneros en el exilio decidieron regresar a Argentina en el marco de la denominada Contraofensiva con el objetivo de realizar acciones de resistencia a la dictadura junto a integrantes de la organización que se encontraban en el país.
A través de su aparato de inteligencia, el Ejercito planificó y llevó adelante junto a otras fuerzas la persecución a quienes integraban la Contraofensiva a través de secuestros, tormentos, homicidios y desapariciones, que se realizaron en distintos puntos del país, zonas fronterizas y también en el exterior.
Durante el debate, a través de testimonios de especialistas y de exmilitares y de documentos desclasificados, se logró reconstruir el funcionamiento de ese aparato, la circulación de la información, desde los centros clandestinos de detención hasta las máximas instancias del Ejército, y su importancia en la represión.
La causa profundizó sobre esta estructura en Campo de Mayo, donde fueron llevadas la mayoría de las personas secuestradas. El área de inteligencia de esa guarnición militar fue denominada Destacamento 201. Allí el imputado Cinto Courtaux era jefe de la Sección Primera de Ejecución. Esta dependía del Comando de Institutos Militares, donde tenían jefaturas en el Departamento de Inteligencia los imputados Bano y Ascheri.
Los destacamentos de Inteligencia de todo el país, como el 201 de Campo de Mayo, reportaban y recibían información del Batallón de Inteligencia 601, al que pertenecieron Dambrosi, como jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas, y Firpo, como jefe de la Central Contrainteligencia y de la División Seguridad.
A su vez, este batallón dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, máximo organismo de Inteligencia de la fuerza, donde Apa formó parte como jefe de la División Inteligencia Subversiva Terrorista.
“El sistema entero de inteligencia montado por la dictadura funcionó como un todo orgánico dentro del cual sus miembros conocían perfectamente bien que cada una de sus acciones, como engranajes de una máquina, terminaban en el secuestro de alguien, en la tortura de alguien, en la muerte de alguien, en la desaparición de alguien, en la apropiación de algún niño o niña, en una probable violación, en cometer en definitiva hechos atroces y aberrantes”, señaló la querella unificada en su alegato.