Con más de 60 edificios construidos la Nación apoya el fortalecimiento de la justicia de las provincias


Nuevas unidades de detención, un polo judicial, una fiscalía y defensorías que en conjunto suman más de 60 mil metros cuadrados cubiertos, fueron construidos con financiación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en distintas jurisdicciones provinciales.

Desde 2016 la cartera conducida por Germán Garavano cumple con aportes financieros y técnicos para fortalecer institucionalmente los sistemas de justicia de todas las provincias argentinas.

Esos aportes, de carácter no reintegrables tienen como fin colaborar con la formulación, puesta en marcha y concreción definitiva de más de 60 proyectos que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

La mayor cantidad de recursos fueron destinados a la refacción, modernización y construcción de nuevas unidades penitenciarias e incluso ampliación -como en Campana y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires; y en San Cayetano, en Corrientes- para mejorar el nivel de vida de los internos.

También se logró la instalación de cinco centros integrales de justicia en barrios con población vulnerable del territorio bonaerense, la fiscalía de Lomas de Zamora y diversas defensorías y alcaldías.

Otra realización ha sido las 52 unidades judiciales en Córdoba, el apoyo para la justicia de paz en diversos lugares del país, el edificio de la Corte en el Polo Judicial penal en Mendoza, y otros ámbitos del sistema de justicia.

La secretaria de Justicia de la Nación, Fernanda Rodríguez, explicó al respecto que “el apoyo del Ministerio fue orientado estratégicamente a la mejora del servicio que la Justicia presta a la sociedad, para facilitar el acceso de toda la población y garantizar así el efectivo ejercicio de sus derechos”.

La cantidad de metros cuadrados cubiertos construidos es de 60.648, lo que equivale a más de ocho canchas de fútbol profesional.

Una política pública federal

Esta inversión en infraestructura es parte de una política pública federal de largo plazo, gran alcance y con mirada estratégica. Incluye productos concretos, efectos evaluables e impactos ciertos y beneficiosos que colaboran directamente para la mejor administración de las justicias locales y el bien de los argentinos que, en sus ciudades y pueblos, en todo el país, acceden y demandan soluciones para sus problemas cotidianos.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, visitó varias de las obras para realizar el seguimiento de los proyectos y explicó que “el apoyo a la oralidad en los procesos es un objetivo prioritario para el Ministerio, a fin de obtener decisiones judiciales de mejor calidad y en menor tiempo, así como el desarrollo de la investigación científica del delito permite lograr una Justicia más eficaz.”

Estos edificios puestos a nuevo cuentan también con el aporte económico necesario para adquisición de equipamiento de videograbación para más de un centenar de salas para audiencias orales. Estos ambientes fueron especialmente preparados para procesar causas más ágiles, en tiempos breves y con la participación directa de los jueces.

El Ministerio además realizó aportes económicos para la adquisición de herramientas tecnológicas de manejo y administración segura y transparente de información, elementos y recursos para investigación criminal.

Por otro lado, hubo aportes directos para equipar el laboratorio del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco y el de Narcotráfico de Santa Fe, y otros laboratorios forenses especializados, para mejorar la capacidad y respuesta estatal en la prevención e investigación del delito complejo, y para actualizar los sistemas informáticos de los registros judiciales y de la asignación electrónica de causas.

Finalmente, el Ministerio acompañó a 1.237 operadores de justicia con capacitación en oralidad efectiva, tanto en el fuero civil como penal provincial.