En su pedido de elevación a juicio, la OA había afirmado que “el reproche contra De Vido no se basa en no haber controlado a quienes debió controlar sino, por el contrario, en haber permitido que los organismos que de él dependían -la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la UNIREN- hayan contribuido al constante deterioro de los bienes dados en concesión y al aumento del riesgo del transporte por la merma de las condiciones de seguridad, todo ello con pleno conocimiento y discernimiento”.

Para la OA, la empresa TBA tuvo “una nefasta política empresarial que privilegió la maximización del rédito económico, con un total desprecio por la seguridad de los usuarios”, pero “esta conducta en modo alguno puede ser explicada sin la infame complicidad de los funcionarios encargados del área de transporte”, por lo que planteó que De Vido y Simeonoff “deben responder como partícipes necesarios en la administración infiel en perjuicio del Estado Nacional”.

“No cabe aquí ninguna suposición sobre un actuar negligente o imprudente en la conducción de una cartera ministerial, sino una voluntad manifiesta de permitir y cobijar los constantes incumplimientos del grupo empresario concesionario”, sostuvo el documento, que mencionó la “complicidad de los funcionarios”, la “malversación de los bienes públicos dados en concesión” y el rol del organismo que dirigía Simeonoff para “encubrir los incumplimentos de TBA”.

Asimismo, el texto advirtió que “resulta irrefutable el conocimiento que De Vido tenía sobre las condiciones en las que la empresa venía prestando su servicio”, ya que “estaba en conocimiento de las alertas que los organismos técnicos y la Auditoría General de la Nación (AGN) venían señalando”, por ejemplo, en lo que hace a “los incrementos exponenciales de los subsidios que el Estado entregaba a la concesionaria y cómo era cada vez menor el porcentaje destinado a materiales y mantenimiento”.

La Oficina Anticorrupción resaltó que “la responsabilidad penal que le atribuimos a De Vido consiste en haber sido Autoridad de Aplicación del contrato de concesión” y recordó que el ex funcionario “contaba con elementos suficientes para ordenar la intervención y normalizar las condiciones en la prestación del servicio público del cual él en persona era garante”, por lo que “bajo su rol violó sus obligaciones contribuyendo a los factores que determinaron el fatal accidente en la estación de Once”.