Comenzó el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y otros en la causa de corrupción de “obra pública”


Con la participación de la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante, comenzó en el día de hoy -ante el Tribunal Federal N° 2 (TOF 2)- el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en 51 obras viales en la Provincia de Santa Cruz adjudicadas al Grupo Báez.

También son juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

El TOF 2 está integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal a cargo es Diego Luciani, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) interviene -al igual que la OA- como querellante.

Para la Oficina, la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, el escrito plantea que la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.

Según la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos.

La pena prevista es 50 años, la máxima del Código Penal. Esto es así porque la OA entiende que se trata de una administración fraudulenta reiterada en 49 oportunidades por la participación en contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz.

“Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez”, advierte la Oficina. Al respecto, detalla que “el primero de ellos consistió en la formal conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado”.