Constituirse en parte querellante es una de las facultades legalmente otorgadas por el artículo 2 del Decreto 102/99, mediante la cual, la OA podrá proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones, interrogar testigos, participar y acusar en juicio y, además, el Tribunal deberá notificarle toda decisión trascendente en la causa.

Este año la OA fue aceptada como querellante en diversas causas que investigan delitos de corrupción contra la Administración Pública Nacional, tales como: Báez, Hotesur, Tragedia de Once, Ciccone, contrato entre Formosa y The Old Fund para asesorar a Formosa en la restructuración de su deuda, Plan Qunita, subsidios irregulares para la construcción de canchas de hockey y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios como José López, Ricardo Echegaray y Carlos Liuzzi.

“Constituyendo el objeto de investigación de estas actuaciones hechos que, prima facie, podrían encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 del Código Penal) perpetrado por un funcionario, la calidad de parte querellante solicitada constituye una atribución de esta Oficina que encuadra perfectamente en el ámbito de su competencia de acuerdo a lo anteriormente explicado”, concluye el documento de la Oficina Anticorrupción sobre la causa Milani.