El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua a tres expolicías y a un exmilitar por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 personas durante la última dictadura. Se trata de Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, miembros de la Delegación Rosario de la Policía Federal, y Jorge Alberto Fariña, quien era capitán en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.

Los cuatro fueron encontrados culpables de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Fariña además fue responsabilizado por la apropiación de la hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, ambos desaparecidos. La niña nació durante el cautiverio de su madre y en 2011 recuperó su verdadera identidad.

Este fue el primer caso de apropiación juzgado en Rosario. Durante el debate también se investigó lo ocurrido a Isabel Ángela Carlucci, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi, quienes estaban embarazadas al momento de sus secuestros, pero aún se desconoce el destino de sus hijos o hijas.

Si bien Fariña ya tenía condenas previas por delitos de lesa humanidad, para los expolicías fue la primera. López y Almeder fueron responsabilizados como coautores de secuestros, tormentos y homicidios. Langlois, quien integraba un área de Inteligencia de la Policía Federal rosarina, como partícipe necesario. Los tres además fueron considerados como parte de una asociación ilícita.

Los hechos que se investigaron en esta causa ocurrieron en el lapso de tres meses, en su mayoría en la primera quincena de agosto de 1976. Fue una seguidilla de secuestros, asesinatos y desapariciones de 27 militantes y dirigentes del PRT ERP en la ciudad santafecina.
En todos los casos el modo de operar de las fuerzas represivas fue similar: se realizaron operativos conjuntos del Ejército y de la Policía Federal y las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de detención conocido como Quinta de Fisherton, en las afueras de la ciudad de Rosario.

La mayoría de las víctimas fue asesinada o permanece desaparecida. El único sobreviviente de esta causa es Fernando Brarda, quien no pertenecía a la organización. Su testimonio fue clave ya que logró reconocer en ese lugar de detención a varias de las víctimas, siendo que algunas habían trabajado en la fábrica de su familia. Otros dos sobrevivientes de la Quinta de Fisherton declararon en el juicio, aunque sus casos no fueron parte del expediente.

El debate oral se había fijado para comenzar a fines de 2017 pero sufrió varias postergaciones por problemas para integrar el tribunal. Finalmente, arrancó en septiembre de 2020, casi tres años después, y con sólo 4 de los 9 imputados que fueron elevados a juicio ya que 5 fallecieron, entre ellos el ex jefe del II Cuerpo del Ejército, Genaro Díaz Bessone, y Juan Dib, quien fue responsable de la sede local de la Policía Federal.

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