La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, mantuvo durante los días miércoles 22 y jueves 23 de junio una serie de reuniones en torno a la búsqueda de métodos alternativos de resolución enfocados en los conflictos socioambientales que tienen lugar en la provincia de Catamarca.

Carpineti se reunió con distintos sectores para dialogar sobre estrategias de abordaje de resolución de conflictos y trabajar en el fortalecimiento de las instancias de diálogo en el marco del Acuerdo de Escazú, vigente desde 2018 y que tiene por objetivo garantizar los derechos a la información, el acceso a la justicia y la participación pública frente a decisiones ambientales, en líneas generales.

La reunión entre Fabiola Segura, la ministra de Seguridad de Catamarca y Gabriela Carpineti giró en torno al abordaje de los conflictos que se registraron en distintas localidades de Catamarca, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta social y los derechos humanos de defensores ambientales.

A su vez se realizó una reunión con Alejandro Dalla Lasta, Miguel Mauvecin y Tristán Lobo, miembros de la Procuración General del Poder Judicial de Catamarca (jefatura de fiscales), para tratar la judicialización de los conflictos y la persecución penal a los defensores ambientales.

Por último, la directora de Acceso a la Justicia conversó con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, Gustavo Salerno, acerca de abordajes posibles desde el trabajo de mediación, con la propuesta de promover formación de mediadoras y mediadores en conflictos sociales y ambientales desde la institución académica.

Tanto con los integrantes de la Procuración General como con el decano de la Facultad de Derecho, se intercambió sobre la importancia de aplicación en todos los poderes del Estado de la ley n.º 27592, también conocida como “Ley Yolanda”. La legislación, a la cual la provincia de Catamarca adhirió en junio de este año, tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.

Esta serie de diálogos con diferentes espacios institucionales se realiza en el marco del Acuerdo de Escazú, compromiso que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.