A 3 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, desde el Gobierno Nacional se impulsa el pedido de la familia para que el caso sea investigado como un delito de trata de personas y sea trasladado a la Justicia Federal.

El ministro Soria se reunió con Susana Trimarco, querellante en la causa por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero; y con Paula Rivera, abogada del equipo de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas.

A principio de mes, Soria junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Eli Gómez Alcorta, solicitaron a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del Fiscal Marcelo Colombo, que la causa sea investigada como un posible caso de trata de personas.

El requerimiento al fiscal titular de la PROTEX se realizó un día después que el Presidente y los Ministros recibieran a Yamila Belén Cialone, madre de Guadalupe, y se comprometieran a pedir el cambio de carátula de la causa para que deje de ser considerada como una simple “averiguación de paradero” y pueda intervenir el fuero federal en la búsqueda.

En esa misma reunión, el Gobierno nacional oficializó un incremento de la recompensa para quienes puedan aportar datos útiles para dar con el paradero de la niña, elevando el monto de 2 millones a 5 millones de pesos.