La causa comenzó cuando la víctima, una ciudadana colombiana, realizó una denuncia en Medellín (Colombia), sobre su cautiverio y cómo debía volver a la Argentina bajo amenaza.
Gracias a la cooperación internacional, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano, dispuso nuestra intervención para investigar el caso.

Luego de amplias y dificultosas tareas policiales, pudimos determinar quién era el acusado y su lugar de residencia, como así también cuándo la mujer viajaría nuevamente a Colombia a llevar dinero a su familia. Previo a su partida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, junto a personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (PNR), nuestros oficiales lograron entrevistarla y obtener mayor información.

Durante los operativos, incautamos 139.300 pesos; 13.856 dólares; teléfonos celulares y un automóvil de alta gama. También secuestramos artefactos sexuales, diversos dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias; lectores de pago para tarjetas y documentación de interés para la causa. Todos estos elementos, junto al detenido de 40 años, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Tras los allanamientos, en Medellín se le tomó a la víctima una declaración en Cámara Gesell donde estuvieron presentes representantes de la fiscalía interviniente y del PNR, oficiales de esta PSA y la titular de la Fiscalía Nº 16 ante los Jueces Penales Especializados de la República de Colombia. En la Argentina la diligencia se transmitió por videoconferencia en la sala dispuesta por la Secretaría General de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, con el objeto de salvaguardar el derecho de defensa en juicio del imputado. Allí concurrió personal de la fiscalía y del juzgado que intervienen en la causa, como así también de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La medida permitió obtener importante información para el esclarecimiento de los hechos; propiciar la protección y reparación del daño sufrido por la víctima y averiguar a qué otras actividades ilícitas se dedicaba el imputado. Los resultados fueron posibles gracias al trabajo en equipo de todos los organismos que participamos y a la cooperación internacional.