Capacitación sobre ética pública para la alta dirección de la Agencia de Planificación

Tuvo como objetivo acercar la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública que contiene los principales deberes, principios, incompatibilidades y obligaciones que el funcionariado público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de su función.


El encuentro formativo se realizó en las instalaciones de la Agencia de Planificación (APLA) y tuvo como eje temático: Integridad y ética pública; Políticas de Integridad; Conflicto de Intereses; y la Integridad y Transparencia en compras y contrataciones.

En la apertura de la capacitación, Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) de la Oficina Anticorrupción (OA) dijo: “APLA nos ofrece una oportunidad de pensar políticas de integridad y transparencia considerando las cualidades que tiene”. El funcionario remarcó que esta actividad “arranca con la participación de todos y todas, la mejor política de integridad es la que nace del convencimiento de cada uno de los integrantes y de las personas que lo gestionan todos los días de que se puede trabajar en esto para mejorar la gestión”.

“Estamos convencidos de que la integridad y la transparencia además mejoran la gestión y permiten mostrar a la sociedad todo lo bueno que se puede hacer y mejorar el rendimiento”, explicó Villanueva y agregó: “pensar la manera en la cual ubicamos a la integridad y la transparencia es como la instancia previa a la sanción o a que lo malo suceda. La Oficina Anticorrupción tiene una idea de trabajar en la prevención, de que eso no suceda, una vez que eso pasó hay un daño institucional, político, reputacional y económico”.

Por su parte, Leopoldo Giupponi, Coordinador de políticas de integridad de la DPPT habló sobre la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública, realizada de manera conjunta con la Secretaría de Gestión Pública y Empleo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, recorre el marco legal que establece las normas de conducta de los/as funcionarios/as públicos. En ese contexto, Giupponi realizó un repaso por principios y deberes de ética pública, régimen de obsequios, y conflictos de intereses. “En la medida en que una persona está prestando un servicio para un organismo del Estado, para una finalidad estatal se considera función pública. Después la ley (25.188) hace diferencias en el alcance de algunas obligaciones en particular”.

Más adelante, el funcionario de la OA habló sobre la creación de una cultura de la integridad, sobre lo cual resaltó: “es importante para el ejercicio de la función pública anteponer siempre el interés público por sobre cualquier interés particular”. Se trata de “la guía que inspira todo código de ética y que después se traduce en herramientas concretas en la ley, por ejemplo en el régimen de obsequios, el de Declaraciones Juradas patrimoniales, en el de conflicto de intereses, que son aplicaciones prácticas de estos principios”.

Sobre la normativa en relación a los conflictos de intereses, Giupponi dijo: “se considera una herramienta de prevención de la corrupción porque es la antesala del tráfico de influencias y de las negociaciones incompatibles”, y agregó que “cuando las personas se interesan en alguna decisión en particular, ahí entra en juego un elemento subjetivo, eso ya nos pone del lado de los tipos penales. Esto es antes. Es simplemente estar en la situación de y tomar una decisión”.

A su turno, Isabel Calzado, Analista de la Coordinación de Políticas de Integridad de la OA, realizó una exposición sobre las herramientas para mejorar la transparencia en los procesos de compras y contrataciones; información pública y mecanismos de participación ciudadana. Y destacó la importancia de “concientizar de que esto es necesario y también para tener mejores oferentes en el momento de que uno necesite incorporar nuevas o mejorar las contrataciones”.

Por último, Natalia Torres, directora nacional de Ética Pública explicó que estas herramientas que se brindan tienen en los organismos interjurisdiccionales “una complejidad adicional que es cómo normalizamos lo que ocurre en las tres jurisdicciones, hay que ver cómo eso se puede pensar en la lógica del organismo”. Se tratan de “estándares para pensar lógicas de la organización. Es una invitación a reflexionar de qué manera estas prácticas pueden pensarse dentro de esta organización”, dijo Torres sobre la información brindada en el marco de la capacitación.

Sobre los conflictos de intereses, la funcionaria de la OA expresó: “es importante entender que lo primero es la sensibilización acerca de qué es un conflicto de intereses, para saber qué hago frente a una situación dilemática. Por eso son importantes actividades como esta donde te empieza a generar el ruido, detectar que hay algo, y preguntar. Ese sería el punto de partida de lo que hay que hacer”.

Seguidamente, Natalia Torres contó: “El RITE es un registro y una plataforma formativa, nuestra intención no es achicar al ámbito de la concurrencia, el Registro acompaña a las empresas que no pueden contratar una consultora para que le hagan un programa de integridad, les vamos a dar recursos para que puedan desarrollarlos. Eso ocurre en este pre-RITE mientras terminamos de armar la plataforma vamos generando acciones formativas para que lo puedan hacer. Estamos empezando a trabajar con cooperativas”.

Participaron en la mesa el Vicepresidente de APLA, Aldemar Miranda, y la Gerenta General, Sonia Kabala.