Santiago Cafiero y Gustavo Vera repasaron el estado de ejecución del plan bienal 2020-2022, enfocándose particularmente en el estado de avance de aquellas acciones que van a fortalecer los mecanismos de asistencia y restitución de derechos, como el Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda para víctimas de trata que se está elaborando con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; el proyecto piloto de cupo de reinserción laboral para víctimas que se articula con el Ministerio de Trabajo; la extensión de los programas de acompañamiento terapéutico coordinados con el Ministerio de Salud; los mecanismos de ayuda urgente que se diagraman con el Ministerio de Desarrollo Social y la puesta en pie del Fondo Fiduciario para reparación a las víctimas que está en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay voluntad y decisión política para que estos planes terminen de diagramarse y activarse durante el presente año.

También repasaron el desarrollo de la articulación federal mediante el cual se van constituyendo mesas de trabajo interinstitucionales donde confluyen organismos provinciales y nacionales competentes en cada provincia, organismos de control y el Ministerio Público Fiscal. A la fecha se han puesto en pie 13 mesas interinstitucionales en las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Capital Federal, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Río Cuarto (primera de Córdoba). A la vez se han firmado convenios de cooperación con varias decenas de municipios en el marco del acuerdo con la Federación Argentina de Municipios. Se estima que para el final del primer trimestre del 2022 estará desarrollado plenamente el circuito de trabajo interinstitucional en todas las provincias de la República Argentina.

Por último, se evaluaron alternativas normativas para el decreto que incorporará a la UIF y a la AFIP dentro del Comité Ejecutivo y se balanceó positivamente las intervenciones de la dirección del Comité en calidad de veedores en allanamientos donde fueron convocados por la Justicia. Al respecto se evaluó como reforzar esas buenas prácticas.