Desde el MMGyD también participaron la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky; la directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, Victoria Obregón; y la directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Natalia Chinetti. Por parte del Grupo Octubre estuvieron presentes la secretaria de Redacción de PáginaI12, Victoria Ginzberg; y la periodista de Página/12 Mariana Carbajal, responsable de su newsletter feminista.

Durante el encuentro se comentaron los cambios institucionales y comunicacionales que tuvieron lugar en el diario y en la comunicación desde la irrupción del movimiento Ni Una Menos en 2015. Además, se trabajó acerca del rol social y la distribución laboral de géneros de los medios; la responsabilidad del Estado en la promoción de valores desde una perspectiva de géneros y diversidad de acuerdo con el marco normativo vigente; y la relevancia de que esta mirada sea aplicada de modo transversal en toda sociedad. En relación a las violencias de género, se puntualizó en la detección y abordaje de las expresiones más extremas, como femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes por prejuicios. Por último, se brindaron ejemplos de cómo abordar la temática desde el periodismos a partir de los principios de no revictimización, autonomía, acompañamiento integral y resguardo.

La Ley Nº 27.499 - Ley Micaela estableció la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, mediante el Decreto Nº 7/2019, lo ubica como su autoridad de aplicación. La formación en el marco de la Ley Micaela es abordada según el tipo y el rol del espacio en el cual es dictada. La extensión de la formación a los medios de comunicación, organizadas por la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, significa la voluntad del Estado de repensar el rol de los medios en relación a los patrones socioculturales que legitiman la desigualdad y las violencias por motivos de género, en función de los compromisos internacionales asumidos y la legislación nacional.