La comisión conjunta de Derechos y garantías y Justicia de la Cámara de Senadores trató el proyecto de ley de defensa de la competencia que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Se presentaron en la Comisión el secretario de Comercio, Miguel Braun; el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco; autoridades de CAME, CAC, legisladores y ONGs.

“Para ser un país plenamente desarrollado es fundamental tener una buena institucionalidad en defensa de la competencia, que sea perdurable y previsible”, sostuvo Braun ante los senadores.
En este sentido, resaltó que “para tener una economía dinámica, que crece y reduce la pobreza de manera sostenida, es necesario generar mercados competitivos y transparentes. Y como los mercados no siempre van en esa dirección, el Estado debe tener la capacidad de actuar”.

Al respecto, el Secretario advirtió que hoy “la institucionalidad en materia de competencia en Argentina tiene debilidades”, e hizo énfasis en “la falta de independencia del poder político de la autoridad de aplicación; que las sanciones son bajas y no disuaden las prácticas competitivas; y que la autoridad no tiene todas las herramientas necesarias para realizar el difícil trabajo de perseguir y penalizar carteles”.
Asimismo, Braun remarcó que la norma es clave “para que las PyMEs no sean víctimas de prácticas anticompetitivas de grandes empresas”, así como para los consumidores, que tendrán “más alternativas, mejores precios y calidad”.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto busca lograr un mercado transparente, con reglas claras, donde los consumidores tengan más y mejor opciones y se favorezca el desarrollo de las empresas.
El texto surge del análisis crítico de la legislación actual y de la experiencia comparada; está a la altura de las mejores prácticas internacionales e incorpora gran parte de las recomendaciones de la OCDE en materia de competencia.

Tiene como ejes la disuasión de los carteles y los monopolios, la independencia, la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad.

La nueva ley prevé la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo independiente. También propone elevar las multas, con criterios más claros para su determinación; e introduce un programa de clemencia, una herramienta clave para prevenir y detectar carteles.

Además, contempla un régimen de control previo de las operaciones de fusiones y adquisiciones y un procedimiento expeditivo para los casos no problemáticos.