Presidencia de la Nación

Bielsa se reunió con defensores y defensoras del pueblo

Evaluaron el impacto del decreto que congela alquileres y suspende desalojos en todo el país


La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa encabezó este lunes una reunión por videoconferencia con defensores y defensoras del pueblo de distintas regiones del país. El objetivo fue analizar la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N°320/2020, que en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, estableció la prohibición de desalojos y el congelamiento de los alquileres hasta el 30 de septiembre inclusive.

Liderados por el titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, los defensores y defensoras expusieron a la funcionaria nacional las principales demandas planteadas ante sus órganos, y enumeraron las medidas que vienen desarrollando en torno a la implementación del DNU 320/2020. En ese sentido, Bielsa coincidió en “la importancia de realizar un trabajo articulado para garantizar el cumplimiento del decreto” y agradeció “el compromiso de las defensorías del pueblo”.

Durante el encuentro, además, se analizaron diversas problemáticas en torno al hábitat y la vivienda en cada localidad, por lo que la ministra calificó de “positiva” la reunión y resaltó la “necesidad de generar nuevos encuentros para seguir monitoreando el impacto de la medida y avanzar en una agenda más amplia”.

Firmado por el Presidente de la Nación Alberto Fernández en acuerdo con todos los ministros, y publicado en el Boletín Oficial el 29 de marzo de este año, el DNU N°320/2020 establece la suspensión de las órdenes de desalojo y la prórroga automática de los contratos de alquiler que estuvieran vigentes al 20 de marzo último, hasta el 30 de septiembre inclusive. Determina asimismo, y por el mismo período, el congelamiento del precio del alquiler a los valores vigentes en marzo de 2020, y especifica los mecanismos para abonar con posterioridad y en cuotas las diferencias monetarias que pudieran surgir respecto del contrato pactado originalmente entre locatario y locador, o en caso de mora o falta de pago.

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