Se trató de un encuentro virtual organizado por el Ministerio de Ambiente nacional para aclamar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —-Acuerdo de Escazú—, suscrito y ratificado por Argentina.

En ese sentido, el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Santiago Azulay, recordó que lo trascendental del acuerdo es que se trata de “una herramienta jurídica que va a significar una bisagra que va a marcar un antes y un después de este cuerpo de disposiciones legales para América Latina y el Caribe”, y brindó un reconocimiento al ministro Juan Cabandié “que apenas asumió su función enarboló la bandera de empujar los consensos necesarios para que Argentina ratifique el acuerdo y para que entre en vigencia esta norma en nuestro país”.

Además, Azulay sostuvo que “el planeta viene hablando, a través de los eventos climáticos que viene poniendo sobre los escritorios, sobre la necesidad de contemplar en las políticas públicas una mirada de sostenibilidad”.

Por su parte, el titular de la cartera ambiental nacional, Juan Cabandié, celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y envió palabras de agradecimiento a quienes participaron del encuentro. Para el ministro “se trataba de una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”. Asimismo, consideró que el acuerdo es "sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó que "con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”.

Durante el evento, la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cristina Ruiz del Ferrier, agradeció la participación de las y los expositores y recordó palabras del ministro Juan Cabandié: “El momento de actuar es ahora, no tenemos planeta B. En ese sentido la juventud, el papa Francisco, las organizaciones de la sociedad civil, cada una de las provincias del país, somos actores indispensables para poder, de manera democrática, articulada y consensuada estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.

Las y los expositores hicieron hincapié en el acceso público en las tomas de decisiones, al ordenamiento, políticas, programas y normas; en la participación ciudadana y sobre la justicia en materia ambiental.

También hablaron sobre fortalecer la teoría del derecho ambiental que está relacionado en el ámbito de los derechos humanos; que las normas reflejen las necesidades de la ciudadanía y sean visibles a través de una normativa. Sobre la necesidad de generar normas en el marco del acuerdo y facilitar el acceso a una información fidedigna, reutilizable y con estándares modernos.

Participaron del encuentro virtual: el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli; en representación de la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Mariano Villares; además, expusieron el abogado especialista en Derecho Ambiental, Néstor Cafferatta; la abogada y coautora del informe: "Ley de Acceso a la Información Pública Comentada", del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (2016), Marisa Pugliese; la doctora en Derecho, Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente y profesora de grado y posgrado, Claudia Valls; y el jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Dr. Guillermo Justo Chaves.

Objetivos del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

Cabe recordar que en septiembre pasado, el acuerdo fue ratificado en la Cámara de Diputados de la Nación, convirtiéndose en ley. Había sido adoptado a nivel internacional en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Para su entrada en vigor era necesario que 11 estados lo ratificaran.