La actividad fue organizada de manera conjunta por Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda.

Esta señalización, en el marco de la campaña contra la violencia institucional que lleva adelante la Secretaría, forma parte de las medidas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2013 contra el Estado argentino, por la violación del derecho a la vida, integridad personal y a la protección judicial del Comisario asesinado mientras cumplía su deber, investigando hechos de corrupción, contrabando y asociación ilícita de funcionarios públicos.

El acto tuvo lugar este lunes en la Comisaría 2 de Avellaneda y estuvo encabezado por el secretario Horacio Pietragalla Corti, quien realizó un pedido de disculpas “desde el rol institucional que tenemos como Estado por no haber hecho esta reparación con anterioridad” frente a la familia de Jorge: su compañera Nilda, sus hijos Jorge, David y Marilyn, y sus hermanos Nilda y Francisco “Barba” Gutiérrez.

Participaron de la ceremonia el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; el intendente de Avellaneda, Alejandro Chornobroff; el director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales; acompañados por autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Pietragalla expresó además que “las fuerzas policiales cometieron violaciones a los derechos humanos y esas acciones no fueron sancionadas a tiempo. Esas prácticas siguieron, esas mafias se enquistaron en las fuerzas de seguridad” y agregó: “hoy, la Secretaría de Derechos Humanos lleva una política muy clara contra la violencia institucional, y no mirando al policía como un enemigo sino como un sujeto al que hay que darle herramientas para defender a la institución policial, porque cada vez que un miembro de la policía comete violaciones de derechos humanos pone en juego a toda la institución policial”.

El caso

Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado el 29 de agosto de 1994, mientras cumplía con su deber, investigando hechos de corrupción en una causa conocida como “Aduana paralela”.

La investigación de su asesinato determinó como sospechosos principales del hecho a dos agentes de fuerzas de seguridad, uno perteneciente a la Policía Federal Argentina, y otro un ex agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero el crimen fue encubierto por la Policía Federal en colaboración con la Bonaerense.

En 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado argentino era responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y por la impunidad de los responsables de su asesinato.

Como consecuencia de ese fallo internacional, en el pasado mes de junio, luego de 28 años del hecho, se realizó un nuevo juicio en el cual la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Plata condenó a Alejandro Santillán y Francisco Mostajo a la pena de prisión perpetua como autor y partícipe necesario, respectivamente, del homicidio de Gutiérrez. Santillán pertenecía a la Policía Federal, mientras que Mostajo era miembro de la Policía Bonaerense. Los autores intelectuales aún permanecen impunes.