AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. El gobierno nacional del presidente Javier Milei está comprometido a cuidar los recursos de los pagadores de impuestos y de cuidar los servicios que reciben los argentinos.

En este marco, el Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas para la incorporación de un operador estratégico, en un proceso que contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales y un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio.

Las empresas no solo nacionales sino también internacionales que se presentaron y serán evaluadas en sus propuestas técnicas son:

1. ROWING S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX

2. ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros

A partir de esta instancia, la Comisión de Evaluación continuará con el análisis de las propuestas de acuerdo con las condiciones previstas en el pliego.

La licitación contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada. El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión, expansión y calidad del servicio previstas en el contrato. Esto significa un mejor servicio para más usuarios, que antes quedaban excluidos.

El esquema establece un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años. A su vez, en el primer ciclo tarifario de la nueva AySA privatizada se pagarán en IVA 400 millones de dólares y de Ingresos Brutos 350 millones de dólares. Todo esto son impuestos que vuelven al Estado y consolidan el sendero de superávit fiscal y baja de impuestos.

El Plan de Acción 2027-2031 corresponde al primer ciclo tarifario de cinco años. Durante ese período, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales y no proyecta nuevos aumentos reales, sin perjuicio de las excepciones previstas en el contrato.

El cumplimiento de estas obligaciones será controlado anualmente por el ERAS y las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con certificación de un auditor técnico independiente. La participación de actores internacionales en el proceso muestra el compromiso del gobierno con un proceso transparente y competitivo. El contrato también establece garantías y sanciones ante incumplimientos graves y reiterados, que pueden incluir multas y la pérdida de la concesión. La transformación de AySA busca revertir problemas estructurales de eficiencia, inversión y sostenibilidad que nos dejaron años de desmanejos estatales de la empresa.

El proceso de privatización se lleva adelante mediante un procedimiento público, nacional e internacional, con exigencias técnicas y financieras y principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.

Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en regular, supervisar y controlar. Esto significa más obras, más inversiones y menos costos para todos los argentinos.

Con las privatizaciones, la libertad y la Argentina avanzan.