El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas físicas- por delitos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado, ya que prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos.

Además, no solo penaliza sino que también busca introducir buenas prácticas y dotar de mayor eficacia a las políticas de lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos -como sanciones y mitigación de ellas- por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad y “compliance”.

La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, destacó que “el dictamen que obtuvo en Diputados la Ley de Responsabilidad Empresaria en casos de corrupción es un gran paso” y valoró que “hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación del país en el mundo”. “Ahora esperamos una pronta media sanción para que pase al Senado y se apruebe la ley”, agregó la titular de la Oficina Anticorrupción.

Por su parte, la Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Mora Kantor, consideró que “es muy importante este dictamen” porque “es un paso hacia que la Argentina implemente una ley que permita algo que hoy no existe, que es sancionar a las empresas y otras personas jurídicas por corrupción”. A la vez, Kantor planteó que aprobar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción “mejorará el ecosistema de cómo se hacen los negocios en Argentina y de cómo es la relación entre el sector público y el sector privado”, ya que “la ley incentiva la prevención dentro de las empresas de los delitos de corrupción y la colaboración para la investigación de la corrupción entre el sector público y el sector privado”.

En el plano internacional, contar con esta ley -que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia- es un requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es fundamental aprobarla para cumplir con los compromisos internacionales ya asumidos al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción.