A partir del coliderazgo de Argentina en la Coalición de Acción sobre Autonomía Corporal del Foro Generación Igual, se invitó al país a copatrocinar el evento paralelo que se desarrolló hoy, Acción intergeneracional para la autonomía corporal: Acelerar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 destinado a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

En representación de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, mencionó en la apertura que “es un honor para la Argentina copatrocinar este evento sobre la acción intergeneracional para la autonomía corporal con el objetivo de acelerar el objetivo de desarrollo número 3, en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible” y compartió la experiencia del país en ese sentido.

La funcionaria indicó que “Argentina ha dado un paso enorme para garantizar la autonomía corporal de las niñas, las adolescentes y de las personas con capacidad de gestar al sancionar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo” y agregó que la norma fue producto del reclamo del colectivo de jóvenes y adolescentes “acompañadas en las calles por las generaciones de las feministas históricas que han luchado por la autonomía de sus cuerpos”.

Luego explicó que la legalización de aborto en Argentina estaba vigente desde 1920 en el Código Penal con la interrupción legal por causales. “Lo que incorpora la ley 27.610 es la posibilidad de acceder hasta la semana 14 inclusive a la interrupción voluntaria del embarazo sin dar ningún motivo”.

De esta manera las niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar a partir de los 13 años pueden acercarse a un servicio de salud en forma autónoma y poder tomar esta decisión. “Las niñas menores de 13 años víctimas de abuso y de violencias y de otros problemas vinculados a la vulneración de derechos sexuales y reproductivos pueden elegir a la referente adulta que las pueda acompañar en este proceso”, agregó Isla.

La ley es de orden público y el Gobierno nacional acompaña esta política pública con la compra y distribución de insumos como misoprostol para poder llevar a cabo esta práctica; con las consejerías en salud sexual y reproductiva que son un espacio específico de autonomía; como así también con el desarrollo de un protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo a fin de brindar herramientas para garantizar la ley y profundizar este derecho.

“Todas estas acciones acompañan la voluntad política de la ministra Vizzotti de garantizar y contribuir al objetivo de desarrollo sostenible 3 de garantizar una vida sana y promover el bienestar, no sólo con la legislación sino con políticas públicas para asegurar a niñas, niños y adolescentes del país el ejercicio pleno de la autonomía sobre sus cuerpos y de los derechos sexuales y reproductivos”.