Buenos Aires - En el marco del apoyo a la promoción de la producción agroalimentaria sustentable, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Carlos Paz, participó hoy del acto de lanzamiento del Registro de Productoras y Productores Oferentes y del Servicio de Laboratorio para Experiencias de Certificación Agroecológica del Mercado Central de Buenos Aires.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de esa entidad - ubicada en Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, provincia de Buenos Aires - y contó también con la presencia de la jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Diana Guillén; los secretarios de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Valeria Alonso y de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez; la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou y el presidente de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levaggi, entre otros. También hubo presencias virtuales a través del uso de internet de otros funcionarios y representantes de entidades de productores.

El nuevo Registro de oferentes busca facilitar, desde el Mercado Central, el vínculo entre productores y productoras con operadores y operadoras que trabajan en el área transaccional del predio.

En tanto el nuevo Servicio de Laboratorio, promueve un modelo de producción autónomo y sustentable a través de experiencias de certificación participativa en prácticas agroecológicas.

Ambas iniciativas se inscriben en el Compromiso social de abastecimiento de alimentos a la comunidad, impulsado, en el mes de marzo, desde el Mercado Central de Buenos Aires y la Secretaría de Comercio de la Nación, junto con operadores y operadoras mayoristas del Mercado en el cual, además, a través de la articulación con municipios, principalmente de la región del AMBA, se están incorporando verdulerías y otros comercios de cercanía.

El Compromiso es un acuerdo de precios voluntario, que surge para dar respuesta a la crisis económica y sanitaria que afronta el país por la COVID-19. Se trata de una política que busca garantizar el abastecimiento de alimentos, la estabilidad de los precios y el acceso de la población a frutas y verduras de buena calidad y a precios accesibles