Como organismo fiscalizador de los Agentes del Seguro de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud apeló la resolución del Juez Federal de La Pampa, Juan José Baric, que pretendía suspender de manera provisoria la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA), llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional.

La presentación de la Superintendencia ante la Justicia pone en crisis el fallo del juez a partir de tres argumentos bien claros. En primer lugar, la recusación del magistrado por prejuzgamiento, dado que ha mostrado falta de imparcialidad al adelantar su opinión sobre el caso, lo que podría afectar la objetividad del proceso.

En segundo término, el cuestionamiento por la validez de la medida judicial dictada por un juez absolutamente incompetente. Hecho evidenciado en que los propios denunciantes, luego de comparecer en Santa Rosa, se presentaron en los juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la misma finalidad de detener los efectos de la Intervención del PEN.

Por último, es importante mencionar que nos encontramos ante un caso de extralimitación judicial, por cuanto el juez Baric decide por asuntos fuera de su jurisdicción, violando principios fundamentales del derecho procesal y amenazando la integridad del sistema judicial argentino.

Sin lugar a duda, la decisión del juez Juan José Baric no puede ejecutarse hasta que se resuelva la presente apelación puesto que su implementación causaría un daño irreparable.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud seguimos trabajando para reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios.