Tras las palabras de bienvenida del presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, el gerente general, Gastón Álvarez y el subgerente general de Asuntos Legales, Sergio Barzola, el titular de SIGEN estuvo a cargo de la primera exposición de la jornada titulada “Gobernanza corporativa en las empresas públicas: el desafío gubernamental”.

En calidad de experto en materia de control gubernamental, gobierno corporativo y sindicatura societaria, Díaz se refirió a las directrices de gobierno corporativo de las empresas públicas propuestas por la OCDE.

En relación al dinamismo de las gestiones y las políticas públicas, analizó el papel del Estado como propietario y como socio, su relación con los directorios, así como la importancia de la oportuna rendición de cuentas y de la información pública. Y sostuvo: “El hecho de tener una empresa estatal es una decisión de política pública”, al tiempo que destacó: “El Estado debe remunerar la actividad de la empresa pública cuando a esta se le imponga la realización de una actividad comercial o industrial no rentable”.

En materia de divulgación y transparencia, declaró que se busca que las normas contables y de auditoría sean las internacionales y globales, los objetivos y cumplimientos de las organizaciones se publiquen en sus respectivos sitios oficiales, se brinde información financiera y no financiera, así como también se comuniquen las operaciones de política pública y con las partes relacionadas. En tanto subrayó: “La sociedad nos pide un cambio brindando información oportuna sobre normas éticas y rendición de cuentas”.

Luego del punteo de dichos principios, especificó que “la SIGEN está trabajando para ayudar en la aplicación de las mejores prácticas de las empresas estatales y alineadas al cumplimiento de las directrices de OCDE”.

Durante las jornadas participaron funcionarios y especialistas en temas de gobernanza corporativa, reglas de litigación del Nuevo Código Procesal Penal, sistemas de conciliación previa judicial, derecho tributario, medidas cautelares y límites a la intervención judicial, ciberfraudes y desafíos normativos y competencias relativas a la inteligencia artificial.