El presidente de la Nación dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por un plazo de 180 días prorrogable y designó a la fiscal Cristina Caamaño como titular del organismo.

En su decisión, Alberto Fernández derogó el decreto Nº656/16, al considerar que la vigencia implicó “un notorio retroceso institucional” y que en la práctica se había traducido “en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia Agencia Federal de Inteligencia, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.

En función de las “relevantes disfuncionalidades” producidas en la AFI, el jefe de Estado repuso los decretos 1311/15 y 2415/15, que estipulan “la primera doctrina pública y democrática en materia de inteligencia nacional, una estructura orgánica y funcional de carácter pública de la Agencia Federal de Inteligencia, un régimen de personal democrático y adaptado exclusivamente a las necesidades de la doctrina de inteligencia nacional fijada, un régimen de administración de fondos de la AFI sobre la base del principio de publicidad y de reducción de la confidencialidad y, finalmente, diversas medidas destinadas a regular el funcionamiento de los archivos y bases de datos de los organismos de inteligencia con el propósito de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de los habitantes de la Nación”.