El “Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023” se aprobó a través del Decreto 258/2019. El Plan tiene como fin planificar coordinada y estratégicamente las políticas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en la Administración Pública Nacional. Consiste en un conjunto de medidas que surgen del relevamiento de necesidades e iniciativas gubernamentales de diferentes organismos realizado durante los años 2018 y 2019.

Con el objetivo de fortalecer la transversalización de las políticas de transparencia, la Oficina Anticorrupción (OA) trabajará en la actualización de dicho plan, considerando los cambios dados en la estructura ministerial y el escenario actual. La intención es repensar de manera coordinada y estratégica las políticas públicas en materia de integridad y lucha contra la corrupción de la Administración Pública Nacional junto al Consejo Asesor y organismos especializados.

Su fortalecimiento implicará arribar a una estrategia nacional de lucha contra la corrupción que contemple no sólo los cambios ocurridos a nivel institucional, sino también a nivel social y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia. La OA, articuladamente con todos los sectores y organismos, revisará sus iniciativas en función de las novedades de la estructura administrativa en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. Además, se evaluará si el Plan requiere de incorporar medidas que atiendan los desafíos actuales, contemplando una mirada estratégica de los desafíos en la materia. Para ello, se desarrollará una nueva metodología que permita establecer criterios, elaborar indicadores y plazos de cumplimiento que faciliten su seguimiento y monitoreo por parte de la ciudadanía.

Este desafío exige de una participación plural, donde todos los actores sean representados y todas las voces escuchadas. Es por eso que este proceso consistirá en un trabajo democrático y consensuado junto al Consejo Asesor Ad-Honorem, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, expertos y expertas, los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional. Por ello, entre las principales acciones a desarrollar se encuentra la necesidad de reforzar el Consejo Asesor Ad-Honorem, de modo que refleje una representación de diversos sectores, con perspectiva federal y de género, acorde a lo establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen.