30° aniversario de la Ley 23.737: El Ministerio expuso ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado

El secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; las subsecretarias de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, y de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick; y la directora nacional de Estadística Criminal, Ángela Oyhandy, participaron esta mañana de una videoconferencia ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación. Durante la misma, realizada en el marco del 30° aniversario de la sanción de la Ley 23.737, se analizaron y debatieron los alcances actuales y el futuro de dicha ley. También participaron del encuentro representantes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.


“Desde el inicio de la gestión de la ministra Sabina Frederic nos encontramos con una tarea importante en relación con lo que se llama ‘lucha contra el narcotráfico’. Sin sacar la lupa del lugar donde se había instalado el abordaje en las últimas gestiones, también debíamos poner definitivamente la mirada sobre otras acciones en el marco de una tarea integral como la que requiere esta temática, por ejemplo, contemplando los consumos problemáticos”, aseguró Villalba. Por ese motivo, añadió, “se organizaron instancias de trabajo con otros organismos del Estado y organizaciones civiles, para que el abordaje sea más cercano a la realidad que vivimos y que las soluciones no sean meramente transitorias”.

Asimismo, Villalba indicó la existencia de dos dimensiones que no pueden ser escindidas ni tratarse de forma separada –por un lado, el tráfico ilícito y la consolidación de bandas criminales en centros urbanos y, por el otro, el tráfico de estupefacientes a nivel regional y global– y enumeró una serie de medidas que este Ministerio se encuentra desarrollando, como por ejemplo el reperfilamiento de la Policía Federal hacia la investigación compleja, el ataque al patrimonio sobre el cual se sustentan las organizaciones criminales, el aumento de las capacidades técnicas para que las fuerzas federales realicen pericias y una agenda de cooperación internacional en materia de narcocriminalidad, entre otras.

Tras una presentación acerca del trabajo de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, cuyas conclusiones preliminares permiten observar la baja eficacia de la política promovida por la gestión anterior y su decisión de concentrar la actividad de las fuerzas federales en incautaciones de pequeñas cantidades de estupefacientes, Villalba concluyó: “Para la evaluación de la política criminal la incautación en sí misma no expresa el nivel de la tarea. Estamos transformando esa política y generando nuevos parámetros para que el abordaje de la narcocriminalidad no tenga que ver sólo con toneladas incautadas”.

Por su parte, Silvia La Ruffa destacó la mirada federal que debe construirse en torno a la temática: “Aunque la ley haya definido que existe una competencia federal en la materia, con el correr de los años esta problemática ha avanzado y se encuentra presente en todas las agencias provinciales; incluso así nos lo han transmitido sus representantes en el Consejo de Seguridad Interior. Por eso, más allá los procesos penales o criterios jurisdiccionales distintos, se debe avanzar no sólo hacia el análisis de la Ley, sino también del plexo normativo vigente para que exista una coherencia”.

Valentina Novick, en tanto, manifestó: “Desde esta gestión se promueve que el abordaje del crimen organizado se realice con una mirada que articule la faz investigativa y la relación con el Poder Judicial en todo el delito complejo. Más allá de definiciones políticas que apunten en ese sentido, existe una arquitectura normativa que lleva hacia ese sesgo. Creemos que es necesario revisar esa normativa y desarrollar capacidades de investigación de delitos complejos más eficaces de las que tenemos, para ayudar al desplazamiento la tarea más fácil que es la persecución penal de los eslabones más bajos de la cadena”.

En esa línea también se expresó la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo: “Es indispensable la reformulación de la Ley. Hay que aplicar la máxima taxatividad en los conceptos que tienen que ver con la descripción de las conductas, que no se avance represivamente contra aquellos que deben ser cuidados y protegidos, que se respeten las libertades y los ámbitos de privacidad que garantiza nuestra Constitución y que no se derive sino que se concentren esfuerzos en la lucha contra las verdaderas organizaciones de poder. Como sociedad deberíamos darnos la discusión de hasta qué punto hay que utilizar represión o hasta qué punto sería preferible liberalizar el consumo de ciertas drogas, porque de esa manera se quitaría un mercado y se establecerían pautas mucho más claras para la convivencia respetándose ámbitos de libertad. Reconozco que la sociedad argentina parece no estar preparada para esto, pero sí es urgente que haya un tratamiento muy racional sobre el tema del cultivo, en particular por la cuestión de la utilización medicinal de la cannabis”.

Además, expusieron en el encuentro la coordinadora general de Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta, Ana Clarisa Galán Muñoz; el defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Gabriel Anitua; y el defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de La Plata, Pablo Ordoñez. En el cierre intervinieron con preguntas los senadores nacionales Pedro Braillard Poccard y Víctor Zimmermann.