Por Francisco Suárez

Descargá y leé el sexto número: Discriminación ambiental y Racismo

Ante el avance del cambio climático todxs estamos bajo el mismo cielo y rodeados de los mismos mares. Aun así, las condiciones ambientales varían ampliamente entre individuos y grupos. Las formas en que se argumenta/denuncia la sórdida distribución de costo y beneficios ambientales han recorrido diversas enunciaciones: racismo, injusticia, desigualdades ambientales.

El concepto de racismo ambiental nació en la década de 1970 entre las poblaciones afrodescendientes de Estados Unidos en el contexto del auge de los movimientos sociales por los derechos civiles (Rodríguez Mir, 2012). En 1973, una empresa de transformadores arrojó 100.000 litros de PCB a lo largo de rutas de los condados del estado de Carolina del Norte. El hecho despertó una alerta que evidenció que, en los barrios habitados por afroamericanos del Condado de Warren estaba la mayor concentración de depósitos de residuos peligrosos de la región. El temor a la contaminación de las aguas desencadenó la protesta de la población local. Uno de los referentes de las movilizaciones el activista y académico Robert Bullard, señalaba que las demandas surgen en respuesta a las inequidades territoriales, las amenazas a la salud pública, la protección desigual y el maltrato recibido por los pobres y “personas de color”. Bullard entonces afirmaba que “el racismo es un potente factor de distribución selectiva de las personas en su ambiente físico; influencia el uso del suelo, los padrones de vivienda y el desarrollo de infraestructura” (Pacheco 2007:6).

En América Latina la asignación discrecional de los bienes de la naturaleza es de larga data y responde a relaciones de poder vigentes desde el período colonial. Desde entonces se impusieron mecanismos de apropiación de minerales, de especies vegetales, así como de destrucción de la biodiversidad para la implantación de monocultivos exóticos (Alimonda, 2014).

Fondeado en el mismo proceso histórico, Aníbal Quijano señala que la colonización y conquista de América fue un dispositivo de clasificación e inferiorización racial. El poder funciona borrando las diferencias históricas, culturales y lingüísticas; y refleja una imagen común y negativa que naturaliza las jerarquías sociales y pone en duda el valor humano de personas. Individuos y pueblos quedan marcados por su color de piel, rasgos o raíces ancestrales (Quijano, 2000). En la misma dirección, Rita Segato (2013) afirma que la raza o racialización deviene del proceso histórico de la modernidad colonial, que biologiza culturas estigmatizándolas para dominarlas. Son las marcas del pueblo despojado, marcas en el cuerpo de sujetos. De esas marcas dependen las operaciones de inclusión o exclusión en el ámbito social e histórico que se inserta el sujeto. Por su parte, Grimson (2020) manifiesta que cada sociedad podrá blanquear, indigenizar y ennegrecer en función de cómo se hayan configurado las categorías sociales de percepción.

Recorriendo las ramificaciones del poder se hace evidente que racismo y extractivismo son frutos de la misma maleza. Bajo los procesos de las colonizaciones americana y africana se expandieron los territorios sacrificados y las poblaciones racializadas.

Los procesos extractivos y de expansión territorial a gran escala son precedidos por un contexto de degradación y desvalorización socioecológica del territorio. Argumentos como “El monte no sirve para nada”, “los indios son regresivos para el progreso”, han sido antesala de ecocidos y etnocidios. Con esta impronta se inscribe la llamada Conquista de Desierto que desplegó la cacería y matanza del pueblo Mapuche, y su arrinconamiento en la cordillera.

En el siglo XXI, el neoextractivismo intensifica la matriz hegemónica, las desigualdades y los estigmas, naturalizando las transacciones entre los países centrales y periféricos. En palabras de Maristella Svampa (2013): el consenso de commodities, acuerdo tácito que reafirma el rol de las naciones del Sur como proveedores de naturaleza.

En la Argentina, en las últimas décadas, el extractivismo fue alentado por un conjunto de normativas que favorecieron la expansión de cultivos transgénicos y la desregulación minera, que fomentó la minería a cielo abierto. A su vez, se han establecido marcos normativos de seguridad jurídica para grandes inversores. Mientras tanto, las sociedades menos instrumentadas desde el punto de vista jurídico y/o con menos uso del derecho han sido las más perjudicadas. La disparidad legal entre los territorios genera en la práctica un doble estándar para las compañías multinacionales. Estas operan en algunas provincias/naciones de manera muy distinta que, en otras, especulando con lo que la norma prescribe en cada jurisdicción. Sin embargo, no hay inocencia técnica de parte del capital concentrado; la negación del daño y la manipulación de la información implican una degradación ética. Un círculo en el que contaminación y negación se refuerzan entre sí y potencian las degradaciones éticas y ambientales (Suárez, 2016:154).

En los procesos de localización de actividades extractivas, el capital concentrado actúa con inteligencia territorial, ve al territorio como stock de recursos o de servicios ambientales e interviene con sentido de oportunidad. A mayor fijación geográfica del recurso, mayor presión sobre el territorio y la sociedad local, y mayor estigmatización y criminalización, como es el caso de los yacimientos megamineros; por el contrario, a menor fijación del recurso, como en los casos de las plantas de producción de semillas modificadas o las termoeléctricas, se busca una localización en territorios habitados por sociedades poco demandantes, por lo general no-blancas.

En este sentido, los emprendimientos extractivistas se aprovechan de las desigualdades sociales y territoriales, y de los contextos de oportunidad, como situaciones de crisis económica y política. Un período de malas cosechas, de condiciones desfavorables para la cría de ganado o la ocurrencia de un evento ambiental que perjudica los sistemas productivos (inundaciones, erupciones volcánicas, sismos) pueden constituir coyunturas propicias. Luego de la erupción de Volcán Puyehue en 2011, la Meseta Central del Chubut quedó afectada por las cenizas, disminuyeron las pasturas y las lanas de las ovejas no se podían comercializar, fue entonces que Tehuelches y campesinos migraron a áreas urbanas, arrendando o vendiendo sus tierras a empresas mineras que vieron la oportunidad de iniciar exploraciones.

Mientras que en algunos territorios se manifiestan conflictos, en otros la situación de contaminación se invisibiliza o naturaliza. ¿Por qué sólo emerge la conflictividad en algunas comunidades y no en otras? Quizás el diferimiento temporal entre la exposición al contaminante y la detección de enfermedades o el consenso sobre los beneficios económicos de la actividad y la minimización del reconocimiento de los impactos, anticipen respuestas (Suárez y Ruggerio, 2018).

Las asimetrías de recursos materiales, tecnológicos, vivenciales, cognoscitivos, institucionales y jurídicos hacen a la condición de vulnerabilidad de la sociedad o una parte de ella. La desigualdad se manifiesta también, en la adaptación a convivir con el riesgo y en la naturalización de los dispositivos de control social que criminalizan. Surge, entonces, una suerte de acostumbramiento que hace que las poblaciones minimicen su sufrimiento ambiental, tolerando situaciones de daños en la salud. Así han proliferado, pueblos y escuelas fumigados por las aplicaciones de agroquímicos, barrios que se expandieron en las inmediaciones de basurales o sobre los mismos, poblaciones con plomo en sangre. Números en rojo de los cuales poco se habla y poco se sabe. El mapa de los daños ambientales a la salud sin duda converge con el de las poblaciones marrones o ennegrecidas.

Paralelamente, durante las últimas décadas se conformó un movimiento de justicia ambiental que ha advertido sobre la desigual distribución territorial de los riesgos ambientales (Acselard, 2017). Su incidencia en la política pública ha ampliado los derechos para proteger al ambiente, ha dado instrumentos para resguardar los bienes comunes, y ha puesto en evidencia las potencialidades y limitaciones que presentan los estados para garantizar el cumplimiento de las normas. En este contexto, se inscribe la ambientalización de las luchas campesinas e indígenas, comunidades que, valiéndose de la legitimidad de los argumentos ambientales, demandan por históricas desigualdades étnicas, sociales y territoriales (Leff, 2004). Asimismo, el aumento de la conflictividad ambiental se presenta como consecuencia de la concurrencia del incremento de actividades extractivas y de la ampliación de conciencia y derechos ciudadanos para proteger el ambiente (Suárez y Ruggerio, 2018). Con el despliegue de las controversias ambientales se han estigmatizado a los activistas, se han criminalizado las protestas y se ha extendido la abultada lista de mártires ambientales en América Latina. Por nombrar algunos emblemáticos, Chico Mendes -1988- quién se opuso a la desforestación del Acre (Amazonas) y luchó a favor de los pueblos originario y los recolectores de caucho; Berta Cáceres -2016- quién denunció los impactos ambientales y sociales de proyecto forestales, minero e hidroeléctricos en Honduras.

La construcción de alternativas es el desafío de los grupos demandantes, el tránsito de la resistencia a la re-existencia como señala Arturo Escobar (2014), la re-invención de otras racionalidades, que no solo resisten el despojo y el desalojo, sino que redefinen sus formas de existencia a través de movimientos emancipatorios y la reinvención de sus identidades, sus modos de pensar, y sus modos de producción y de sustento.

Cuando el extractivismo se prolonga en el tiempo y los daños se extienden y acumulan, sus impulsores intentan deshistorizar los impactos y las devastaciones de manera de romper la cadena de causas y consecuencias y la memoria ambiental ciudadana. Autores como Brailovsky (2009) señalan que indagar en la historia ecológica puede fundamentar una demanda política a partir del no reconocido saqueo de recursos que ha sufrido el continente desde los tiempos de la conquista europea, reivindicación que se conoce como “deuda ecológica”.

Desde esta mirada, es necesaria la pregunta sobre quién tiene el derecho de apropiación de la naturaleza, de correr la frontera agraria sobre el bosque nativo o de eliminar un glaciar. Para que esto sea posible el capital reorganiza los sentidos por sobre el espacio, borrando los límites de lo colectivo, resignificando bienes comunes en recursos naturales. David Harvey (2003), en sus postulados sobre “acumulación por desposesión”, señala que el capital, en su proceso de expansión geográfica, impulsa la “destrucción creativa” al generar nuevas geografías y espacios de mercantilización como son minería a cielo abierto, mega infraestructuras, grandes emprendimientos inmobiliarios.

A su vez, la voracidad de la acumulación y concentración hegemónica fragmenta los vínculos entre la sociedad y su entorno, por ello en las operaciones de hostilidad, estigma, explotación, etnocidio han sido blanco de puntería los pueblos arraigados a la tierra. Los casos son muy numerosos y dolorosos, el reciente Juicio por la Verdad “Masacre de Napalpí” reconstruye la matanza de poblaciones qom y moqoit en 1924, en tiempos en que el Chaco se convirtió en la tierra del “oro blanco”, entonces gobiernos y hacendados no admitían reclamos de indígenas explotados que cosechaban algodón.

Todo extractivismo implica un sacrificio territorial y humano. Se eligen territorio y poblaciones a sacrificar. Esta elección implica una desvalorización del territorio y una estigmatización de la población afectada. La explotación de la naturaleza acarrea una otredad degradada e invisibilizada. Históricamente los extractivismos y la contaminación ambiental han multiplicado las otredades, la racialización de los pueblos africanos, el etiquetado de los pueblos originarios de América bajo la categoría “Indio” que consagra la dominación colonial (Bonfil Batalla, 1972). Bajo estos tajantes estigmas se justificó la explotación del caucho en el Congo y el vaciamiento del oro del Cerro Rico de Potosí, como señala Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Hoy los residuos peligrosos son dispuestos en Ghana y otros territorios africanos y del sudeste asiático. Ya no son áreas de sacrificios, sino grandes sumideros de escala continental donde van las basuras, usuras y prejuicios. Los argumentos de Bullard se expanden al ritmo de la globalización.

Otra Mirada

Si contenemos la pulsión por la acumulación (que poco tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida) y detenemos las usinas de prejuicios, ¿qué vemos del otro lado?

La diversidad cultural es una precondición necesaria para la restauración de la integridad ecológica (Peña 1993). Los saberes ancestrales de los pueblos originarios son un gran inventario de conocimiento para un desarrollo con armonía. La domesticación milenaria de plantas de los originarios de América amplió enormemente la dieta alimenticia del resto de los continentes y ofreció nuevos aromas y sabores. El saber medicinal de los pueblos amazónicos ha sido uno de los mayores boticarios de la humanidad.

La sacralización de la naturaleza infundió respeto y un uso sostenible de los ecosistemas, construyó un vínculo entre los pueblos y su entorno. Hoy la Pachamama trasciende a las comunidades andinas que le dieron origen, y es un símbolo/ritual de unión a la tierra, una suerte de economía circular donde lo que se extrae/produce vuelva a la Pacha en agradecimiento y cuidado.

Cuando se dice que “los indios son regresivos para el progreso”, ¿De qué progreso hablamos? Hoy que vemos las consecuencias nefastas del cambio climático, ¿la conservación del hábitat no sería progreso?, ¿por qué territorios, pueblos y culturas tienen que sacrificarse para que otros disfruten del progreso?, ¿qué sacrificios deberían hacer los sectores acomodados de la sociedad para que otros puedan conservar/mejorar su hábitat y sus condiciones de vida?

Tres décadas atrás se hablaba del ambientalismo institucional, en referencia a las grandes ONG vinculadas a la conservación. Algunos autores como Peña (1993) han manifestado que estas organizaciones han olvidado los factores de raza, etnia y clase social en su agenda y discurso político, y que han estado al servicio de los intereses de la clase media blanca. Sin embargo, algo cambió al calor del “Foro global de las ONG” de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, las voces no-blancas tuvieron lugar, los territorios urbanos degradados tuvieron mirada.

Frente a los movimientos verdes de la abundancia han nacido otros de la pobreza. Desde ámbitos campesinos, las periferias urbanas, los barrios populares, los territorios mestizos, marrones; hay grupos que reclaman por sus tierras degradadas, por la presencia de un basural o de industrias que contaminan; hay quienes producen alimentos agroecológicos o recuperan y reciclan residuos. Todos ellos parten de necesidades vitales y de la memoria de sus manos. Lo que Martínez Alier (1995) llama “ecologismo popular” o “ecología de los pobres”. Bajo ciertas circunstancias la confluencia de ambos movimientos ha sido fértil en una construcción de una agenda ambiental inclusiva.

El ecologismo de lxs pobres es y ha sido objeto de estigmas. Por los tiempos de la crisis socioeconómica del 2002, un político empresario, que luego fue presidente, dijo que los cartoneros robaban la basura. Con argumentos sostenidos en normativas oscuras de los tiempos de la Dictadura (1976-83), intentaba consolidar una vinculación entre el cartoneo y las mafias para luego promover políticas represivas. De este modo pretendía conservar el rentable negocio de recolectar y enterrar residuos. La pura y vil acumulación en detrimento de las prioridades ambientales. Con las dinámicas de la crisis, la organización y movilización social, y las alianzas con otros sectores hicieron que, los ahora recuperadores urbanos, tomaran protagonismo en el reciclado de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Mirando las prácticas y saberes de los pueblos originarios, de los campesinos y sectores populares urbanos, las tonalidades del ecologismo cambian: lxs marrones son verdes.