El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional, abierto y dinámico, instituido por el Tratado de Asunción de 1991, de carácter intergubernamental. Sus Estados Partes fundadores son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a los que se incorporó el Estado Plurinacional de Bolivia en 2024. Asimismo, Venezuela, que adhirió al Tratado de Asunción en 2006, se encuentra actualmente suspendida en el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte. El MERCOSUR cuenta, además, con Estados Asociados.

Desde sus inicios, el MERCOSUR ha promovido la integración regional sobre la base del desarrollo económico y comercial, la armonización legislativa y la salvaguarda de los valores democráticos, avanzando progresivamente hacia una integración que contempla también la dimensión ciudadana, social y de integración productiva. En este marco, se han desarrollado diversos instrumentos jurídicos orientados a la protección y garantía de derechos, entre los que se destaca el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, cuya conformación progresiva se impulsó a partir de 2010 con el objeto de compilar los derechos y beneficios reconocidos a los nacionales, ciudadanos y residentes de los Estados Partes en el acervo jurídico del bloque.

En el ámbito jurídico, el MERCOSUR cuenta asimismo con mecanismos de solución de controversias destinados a resolver las diferencias que puedan surgir entre los Estados Partes con motivo de la interpretación, aplicación o incumplimiento de las normas que conforman su ordenamiento jurídico.

En el plano de las relaciones externas, el MERCOSUR ha celebrado acuerdos de carácter comercial, político y de cooperación con diversos países y organizaciones de distintas regiones del mundo. Entre ellos, se destaca el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, que constituye un hito en la agenda de relacionamiento externo del bloque.

Los órganos decisorios del MERCOSUR son el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del bloque, que conduce políticamente el proceso de integración; el Grupo Mercado Común (GMC), encargado de velar por su funcionamiento y desarrollo; y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), responsable de asistir al GMC en materia de política comercial. Estos órganos cuentan con diversos foros de negociación y espacios especializados, integrados por representantes de los Estados Partes y Estados Asociados, en los que se desarrollan propuestas e iniciativas que son elevadas a consideración de los órganos decisorios.

Cooperación jurídica regional

En el ámbito de la cooperación jurídica regional, se encuentra la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR (RMJ), creada en 1991 mediante la Decisión CMC N.º 8/91 e integrada por los Ministerios de Justicia o sus equivalentes de los Estados Partes.

En este marco, el Ministerio de Justicia de la Nación ejerce la Coordinación Nacional de la República Argentina ante la RMJ, función que se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales (DNAI).

En ejercicio de dicha función, la DNAI coordina y articula la participación del Ministerio de Justicia en las distintas instancias de trabajo de la RMJ, incluyendo las reuniones de autoridades, rondas técnicas, foros de autoridades centrales y grupos de trabajo especializados. Asimismo, interviene en la definición y seguimiento de la agenda de trabajo, articulando con las áreas competentes del Ministerio la elaboración de propuestas, el análisis de proyectos e instrumentos y la adopción de posiciones nacionales en las materias comprendidas en el ámbito de la RMJ.

La agenda de trabajo se desarrolla en el marco de los planes de trabajo correspondientes a cada Presidencia Pro Témpore (PPT), que ejercen los Estados Partes con carácter semestral. En este proceso, la DNAI asegura la continuidad de la participación argentina, realiza el seguimiento de los compromisos asumidos y coordina la intervención de las dependencias ministeriales competentes en las distintas iniciativas.

Como resultado de los trabajos desarrollados en el ámbito de la RMJ, pueden elaborarse diversos instrumentos y productos, tales como acuerdos, declaraciones, recomendaciones, proyectos normativos u otros documentos de trabajo, que son sometidos a la consideración de los Ministros de Justicia para su aprobación y, una vez aprobados, cuando corresponda, elevados a los órganos decisorios del MERCOSUR para la adopción de los instrumentos normativos pertinentes.