Los dispositivos de servicios de acceso a la justicia son una herramienta de gran valor para la cercanía, la interacción y la provisión de servicios que satisfagan los derechos fundamentales de los sectores más desaventajados de nuestra sociedad. Para una buena parte de la población, la posibilidad de encontrarse y relacionarse, de manera directa y concreta, con quienes puedan ayudar efectivamente a resolver sus problemas cotidianos se vuelve —o tiene el potencial de serlo— una acción trascendental. En ese contexto, su rol es particularmente relevante y especialmente sensible.

Al asumir la tarea de ser la cara visible de servicios de apoyo legal del Estado (en muchos casos el único contacto de mucha gente con una persona que representa al Estado) y el deber de asistir de manera integral a los/as consultantes sobre sus derechos y posibilidades de realización, cada uno/a de los/as integrantes de los equipos realiza una tarea con grandes satisfacciones potenciales, pero también con grandes deberes y responsabilidades.

El deber más elemental en este sentido, y la mejor práctica en el servicio público, es la de actuar con transparencia hacia la comunidad, explicitando con claridad a los/as consultantes los compromisos para con ellos/as, la extensión de los servicios y lo que pueden esperar y reclamar. Del mismo modo, también debe ser explícito lo que un Centro se compromete a no hacer, es decir, lo que se identifica como conductas a evitar.

En el marco de la política argentina de atención legal primaria, en 2016 se llevó adelante la elaboración participativa de un listado básico de los compromisos éticos “de hacer” y “no hacer” que reúnan y cristalicen los mejores principios y estándares de conducta entre compañeros/as de equipo y hacia la comunidad a la que sirven los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), para que fueran exhibidos en cada sede y se constituyan en la guía del trabajo cotidiano de cada equipo. El resultado de este proceso participativo se cristalizó en los siguientes compromisos con el buen servicio público:

Este grupo de compromisos éticos explicitan los deberes de comportamiento fundamentales frente a otros/as compañeros/as y ante los/as beneficiarios/as del servicio de atención legal primaria, son un estándar de rendición de cuentas ciudadana; así como un código básico de integridad frente a eventuales directivas de superiores que pudieran comprometerlos/as. Del mismo modo, contribuyen en el largo plazo a fortalecer una cultura valiosa de trabajo y servicio, transmisible a quienes se vayan incorporando a los dispositivos de manera orgánica, como parte del núcleo de lo que implica ser parte de este desafío e integrarse a la política pública de atención legal primaria integral.

Por otro lado, a través de otro proceso participativo y como resultado de una serie de iniciativas implementadas como capacitaciones específicas, encuestas, investigación de buenas prácticas y sugerencias de un grupo de trabajo especializado, se formularon una serie de compromisos públicos en materia de género entre agentes y en relación con la atención de consultantes de los Centros de Acceso a la Justicia.

Para llevar a cabo este trabajo, durante mayo de 2019 se realizó una encuesta entre los/as agentes para conocer opiniones, percepciones y vivencias en los CAJ, con el fin de diseñar acciones e insumos para promover la conversación colectiva al interior de los equipos de trabajo. Esta encuesta sobre percepciones y violencias de género en el ámbito laboral, destinada exclusivamente a agentes de CAJ, fue realizada por más de 286 integrantes de la Dirección en todo el país (198 mujeres, 85 varones y 3 personas trans).

La acción tuvo como objetivo conocer las visiones de los equipos de trabajo en materia de género y diversidad sexual, e identificar las dinámicas y prácticas existentes en los CAJ en relación con estas dimensiones. El documento recoge los principales hallazgos como nuevo paso en la construcción y promoción de prácticas comprometidas con la igualdad de género y ambientes de trabajo libres de violencia. Todo ello, complementado con una formación virtual, denominada “Formación en perspectiva de géneros y diversidad sexual para los equipos de los CAJ”, y una serie de jornadas de formación presencial desarrolladas desde 2017 y en las que participaron agentes de los CAJ de todo el país. Su resultado fue el siguiente: