Marco institucional

El desafío que se busca abordar a través del proyecto es contribuir al desarrollo de las capacidades del estado a fin de implementar intervenciones innovadoras que permitan reducir la brecha digital y promover la inclusión a nivel federal.

Se denomina brecha digital a las desigualdades existentes entre grupos sociales respecto al acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs)- presentes en la población, siendo los pilares fundamentales para reducirla: acceso a la conectividad, equipamiento tecnológico y educación en la materia.

Sumado a ello, el acceso a la conectividad está concentrado en pocas provincias, en particular en las áreas urbanas y las localidades más afectadas del país son las suburbanas y rurales que no disponen de conectividad o los niveles de calidad y velocidad son bajos. Estos datos indican que aún existen brechas que deben disminuirse.

También se verifican desigualdades en el acceso a la conectividad entre varones y mujeres a nivel regional y nacional. Así es como durante el periodo comprendido entre 2017 y 2018, el porcentaje de acceso a internet en la región fue del 63% para varones y el 57% para mujeres, mientras que el acceso y uso del teléfono móvil fue del 83% para varones y el 80% para mujeres.

Este proyecto se sustenta también como un aporte para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, procurando que con las acciones implementadas se mejore el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres; aumente significativamente el acceso a las tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet; potencie y promueva la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; cree a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; garantice el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Marco legal

A través de la Ley 23.396 se aprobó el acuerdo suscripto entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado en Buenos Aires el 26 de febrero de 1985, en el cual se enuncian las condiciones básicas en las cuales el PNUD y sus Organismos de Ejecución prestarán asistencia al Gobierno para llevar a cabo sus Proyectos de desarrollo y se ejecutarán los Proyectos que reciben ayuda del PNUD.

El Proyecto se encuadra en el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el desarrollo (MECNUD 2021-2025), con el Documento del Programa País (CPD) del PNUD y con el Plan Estratégico del PNUD 2018-2021.

Asimismo, la República Argentina adhiere a los tratados que reconocen el derecho al acceso a Internet y ha realizado diversas políticas públicas tendientes a mejorar el acceso digital y a reducir las brechas que acentúan inequidades.

A modo de ejemplo se destacan:

• La Ley N° 27.078 de 2014 “Argentina Digital”, que declara de interés público el desarrollo de las TICs, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
• El Decreto 1552/2010, que crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, cuyos ejes estratégicos son la inclusión digital, la optimización del uso del espectro radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones, la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones, la infraestructura y conectividad, y el fomento a la competencia, todo ello abordado desde una óptica universal e inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en el país.
• El Decreto 733/2018, que establece que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea.
• El Decreto 656/2019, que persigue el objetivo de permitir a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, los beneficios de las ventajas de la tramitación del estado de manera digital, completa, remota y simple.
• El Decreto 690/2020, que establece que los Servicios de las TICs y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.