por Mariana Nazar

El 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos (International Archives Day) en conmemoración de la creación, en 1948, del Consejo Internacional de Archivos (ICA) con el auspicio de la UNESCO. El ICA es una organización internacional no gubernamental destinada a promover la gestión y el uso eficiente de los documentos de archivo, así como la preservación del patrimonio archivístico de la humanidad.

Los archivos son documentos producidos por la actividad humana y, como tales, son evidencia única de eventos pasados. Asimismo, aseguran el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades, y la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es la construcción de una comunidad global de #ArchivosUnidos (#ArchivesUnited), ya que se cumplen 75 años de la creación del Consejo Internacional de Archivos y 50 años de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), la rama regional del Consejo. Como celebración de sus 50 años, la ALA organizó un Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica: «Los archivos en la sociedad del conocimiento», en la ciudad de Toluca, en marzo de 2023.

A partir de este encuentro, surgió la Declaración de Toluca, en donde se destaca el lugar de los archivos como instrumentos esenciales para el derecho a saber y a la verdad, para aportar antecedentes a la justicia, permitir la reparación del daño a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, contribuir a la recuperación de la memoria colectiva y brindar posibles fuentes para la historia. Además, se convoca a los Estados a cumplir con sus obligaciones surgidas de la firma de acuerdos internacionales con aquello que se ha denominado «deber de archivo». Esto implica garantizar la confiabilidad de los documentos de archivo independientemente de su formato, particularmente en los documentos digitales.

Por ello, poder pensar un Estado con perspectiva de derechos requiere, necesariamente, de implementar políticas públicas archivísticas. Desarrollar capacidades en materia de gestión y acceso a la información que el mismo Estado genera, y para las cuales el gobierno electrónico puede constituirse como un medio de fortalecimiento si es capaz de hacerlo desde una perspectiva de derechos (y no desde una perspectiva meramente tecnologista), requiere contar con sistemas de gestión integral de la documentación. De la ejecución de políticas públicas de gestión documental y administración de archivos depende la implementación del derecho de acceso a la información, y, por ende, de las políticas de transparencia activa, lucha contra la corrupción, gobierno abierto, innovación y participación ciudadana; y el ejercicio de una multiplicidad de derechos.

Estos procesos aseguran el fortalecimiento del Estado democrático, con la ampliación y el ejercicio efectivo de derechos para la ciudadanía en su conjunto. Por ello, incorporar la perspectiva archivística se torna un elemento de transformación social.

Línea de investigación: «Gestión de documentos, acceso a la información y administración de archivos en la Administración Pública Nacional»